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La Junta tomará medidas normativas respecto a las viviendas de uso turístico debido a su aumento significativo

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VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avanzado que adoptará alguna medida normativa en materia de viviendas de uso turístico y pretende “sujetar a previa licencia” los cambios de uso de vivienda existente.

Así lo ha expuesto Quiñones en su intervención en la Comisión Extraordinaria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que ha hecho balance de los avances de su departamento en lo que va de legislatura, en la que ha apuntado que la “proliferación” de estas viviendas tienen efecto directos “sobre el mercado local de vivienda habitual y permenante”.

Así, el objetivo es analizar la situación y determinar la regulación necesaria. En concreto, la Junta quiere sujetar a previa licencia los cambios de uso de viviendas existentes, así como establecer el carácter temporal de esas licencias, a cinco años, que parece un plazo “razonable” y habilitar al planeamiento urbanístico municipal para que pueda identificar las áreas donde la alta concentración de VUT genere problemas de acceso a la vivienda o ponga en riesgo el equilibrio del entorno urbano.

También pretende incorporar al régimen legal de infracciones y sanciones el supuesto de cambio de uso de vivienda a VUT sin licencia urbanística municipal, ha detallado el consejero.

Asimismo, se plantea establecer una moratoria para la concesión de licencias a nuevas VUT en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, durante el tiempo necesario para que un estudio elaborado por la Consejería pueda delimitar los ámbitos donde se produzca una saturación de VUT con los consiguientes perjuicios para el acceso a la vivienda permanente.

En materia de Vivienda, Suárez-Quiñones también se ha referido a uno de los temas de actualidad, las viviendas de uso turístico, las que ha afirmado que la Junta “analizará” con el objetivo de “determinar si es necesaria una regulación” en la Comunidad.

Asimismo, ha recordado que la Junta avanza en la Reforma De La Ley Del Derecho A La Vivienda con un anteproyecto seguimos trabajando, mientras pone en marcha iniciativas para “facilitar el incremento de la oferta de vivienda en la Comunidad, así como su acceso a los jóvenes y grupos vulnerables”.

En este sentido, ha destacado varias medidas y reformas, mediante el Decreto-Ley 2/2022 con el que se introducen las viviendas colaborativas y las de protección pública (VPP) para el uso de terceros en el medio rural. También a través de la Ley 1/2023, que aumenta los ingresos familiares para poder ser adjudicatario de viviendas de promoción pública y facilita el uso de locales comerciales sin uso como viviendas.

En este sentido, ha recordado que ha actualizado los precios máximos de venta y alquiler adecuándolos al incremento de precios de los costes de construcción para incentivar la construcción de vivienda protegida.

Además, ha resaltado el lanzamiento del Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes (TUYA), que incluye ayudas a la compra y alquiler, incrementando el parque público de alquiler y ofreciendo beneficios fiscales.

Asimismo, ha recordado que la Consejería ha reducido el precio de compra de viviendas de promoción pública en municipios rurales y creado la línea de garantías ‘Mi Primera Vivienda’ para avalar préstamos hipotecarios, que ha tenido ya más de 2.800 solicitudes y más de 600 hipotecas constituidas.

Suárez-Quiñones también ha señalado que su Consejería ha impulsado la rehabilitación de inmuebles deshabitados con el programa Rehabitare, y mejorado las condiciones de las ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes y municipios pequeños, a las que este año se ha destinado más de 40 millones.

En este contexto, también ha asegurado la política fiscal “favorable” los jóvenes y el medio rural y mejoras en las ayudas al alquiler, ampliando el objeto del alquiler y ajustando los límites de ingresos y cuantías de las rentas y subvenciones.

Al respecto, ha comprometido nuevos programas de ayuda para los más vulnerables, en colaboración con entidades del tercer sector, y la ampliación del parque público de viviendas, tanto en venta como en alquiler.

Además, ha anunciado que se prevé construir 250 viviendas sostenibles de promoción y titularidad pública para alquilarlas a empresas puedan facilitárselas a sus trabajadores en el medio rural. Será la primera ejecución del programa de vivienda para localidades en zonas del medio rural con dinámica industrial y de servicios, del cual se está ultimando la documentación jurídica correspondiente.

Suárez-Quiñones ha subrayado que se trata de un “importante programa demandado por los sectores económicos” y en el que la Junta lleva trabajando, y ha precisado que las empresas que se adhieran al programa podrán acceder a estos inmuebles que estarán “limitados” a los empleados.

Con esta iniciativa se prevé la “ampliación de la actuación industrial y de servicios de estas empresas, fijación de población y dar mejores condiciones a los trabajadores con viviendas de alta calidad”, ha destacado el consejero, quien ha precisado que este programa tendrá una inversión estimada de 32 millones de euros hasta 2030 y arrancará en lugares como Aguilar de Campoó, Guijuelo, Nólvega o en la Ribera de Duero, donde son “más demandadas”.

Por último, ha aseverado que la ejecución de estos programas se integra en una política de vivienda orientada a su acceso en compra o alquiler por los jóvenes de menos de 36 años, con una perspectiva de medio rural, acciones en las que la inversión en la legislatura, impulsada por los fondos europeos, “superará los 832 millones de euros para construir y rehabilitar a este fin un total de 2.967 viviendas”.


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