Los socialistas advierten de que las universidades “no tienen medios” para hacerse cargo y Bergerot cree que Ayuso “es alérgica a la libertad”
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La oposición de izquierdas en la Comunidad ha expresado su rechazo al anuncio del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, de que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencias y Universidades de la región prevé introducir un régimen sancionador para las instituciones que no controlen escraches y acampadas, algo que Más Madrid considera una “represalia” contra las protestas de los estudiantes, mientras el PSOE lo tacha directamente de “despropósito”.
En declaraciones facilitadas a los medios, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, cree que con esta decisión la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, “demuestra una vez más que es alérgica a los derechos políticos de los estudiantes”, algo que ha extendido para sentenciar que “es lo mismo que decir que es alérgica a la libertad”.
Bergerot ha sostenido que se trata de una “represalia” por las movilizaciones de los estudiantes madrileños “contra el genocidio en Gaza”, un “intento más”, a su juicio, de “amordazar cualquier expresión de disenso contra las políticas de la presidenta”.
Por otro lado, la portavoz de Más Madrid se ha referido a la financiación de estas instituciones académicas por parte de la Administración autonómica para criticar que “mientras que la Comunidad de Madrid ahoga financieramente a las universidades públicas”, busca por otro lado “sancionarlas por la participación política de sus estudiantes”.
En caso de concretarse, ha advertido Manuela Bergerot, se trataría de “un atentado contra la libertad de expresión y la autonomía universitaria”.
“AUTÉNTICO DESPROPÓSITO” EN OPINIÓN EL PSOE
Por su parte, el portavoz socialista de Educación en la Asamblea, Esteban Álvarez, ha tildado de “auténtico despropósito” el anuncio de Viciana y cree que “sólo persigue continuar la campaña de desprestigio contra las universidades públicas madrileñas”.
En declaraciones facilitadas por el PSOE-M, Álvarez ha recordado que las universidades “ya tienen un decreto de convivencia referido a los incidentes que puedan ocurrir entre alumnos”, para puntualizar a continuación que estas entidades “no son responsables ni tienen medios para hacerse cargo” de los incidentes que puedan ocurrir en sus campus.
“Sería tanto como hacer responsable al Ayuntamiento de Madrid de los incidentes que pudieran producirse en una manifestación ocurrida en sus calles, y más si lo que se pretende es imponer una sanción económica”, ha ejemplificado el diputado socialista.
Por último, Esteban Álvarez ha cargado contra la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno regional, por considerar que, además de incluir este régimen sancionador, “facilita la entrada de las universidades privadas, incumpliendo en muchos casos la LOSU”, y que “no resuelve los problemas de financiación de la universidad pública”.
“En definitiva, el Madrid de Ayuso, la educación como un negocio y no un derecho”, ha concluido el parlamentario del PSOE.
EVITAR PROTESTAS QUE IMPIDAN LA ENTRADA DE ALUMNOS A CLASE
El Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé introducir en su nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades un régimen sancionador, que podría incluir multas económicas, para las instituciones que no controlen escraches y acampadas que acaben impidiendo la entrada de los alumnos a clase, faltando al decoro, invadiendo espacios o acosando a un personaje público.
Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un encuentro con periodistas en el que ha hecho balance del primer año de legislatura y donde ha indicado que esta es una medida que está aún por perfilar pero que se incluirá en la nueva normativa.
“Estamos definiendo todavía, de una manera muy amplia y genérica, un régimen sancionador. Lo que buscamos es hacer sanciones de tipo institucional. Queremos asegurar que se mantiene, en primer lugar, el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios, en los campus, e igualmente, queremos poder sancionar a aquellas universidades que no cumplen con los requisitos mínimos de titulación, de infraestructuras…”, ha explicado el consejero madrileño, quien ha defendido que se busca que se “cumpla la legalidad”.
El titular de Educación ha anunciado que se pretende entregar un borrador de la ley a los principales sujetos participantes, entre ellos rectores de universidades públicas y privadas y consejos sociales, a lo largo del mes de julio. Será este el momento donde se abrirá “una fase de diálogo” para “recoger su parecer y sus percepciones”, con el objetivo de “conseguir un texto lo más consensuado posible”.
Posteriormente, a partir del mes de septiembre, iniciarían el trámite de la consulta pública y pretenden presentar a finales de otoño un texto definitivo, para que dé comienzo entonces su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid (donde PP tiene mayoría absoluta).
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