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Málaga pide que los convenios urbanísticos cumplan con la obligación de destinar un 30% a la construcción de VPO

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MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que “garantice el cumplimiento de la obligación legal para la construcción del 30% de VPO en todas las promociones de vivienda”.

Además, ha criticado que “a pesar de la emergencia en materia de vivienda en Málaga, el equipo de gobierno del PP no está ejecutando VPO en los nuevos desarrollos urbanísticos”.

“La legislación obliga a que entre un 30% y un 40% de los suelos que se ponen en carga para la construcción se destinen a vivienda protegida. Pero la mayoría de los macroproyectos de Málaga no prevén la construcción de VPO, se les exime de esta obligación y los suelos acaban cediéndose al ayuntamiento que los vende para hacer caja”, ha apostillado.

De igual modo, han incidido en que “al mismo tiempo que se aceleran las promociones de lujo y proliferan las viviendas turísticas, se le echa el freno a las VPO. Los datos son contundentes, en el último año no se ha visado ni una VPO en Málaga y el dato provincial es vergonzoso, en los últimos 5 años supone sólo un 2,4% del total de los inmuebles construidos, muy lejos del obligado 30%”.

Morillas ha explicado que “el caso de la Junta de Andalucía es todavía más grave ya que, aunque dispone desde hace una década de suelo para construir más de 300 VPO, no ha ejecutado ninguna, pese a ser la administración que tiene transferidas las competencias de forma directa”.

En este punto, la portavoz municipal de Con Málaga ha citado “numerosos ejemplos de incumplimientos: en las antiguas cocheras de Portillo se va a construir una torre de diecisiete plantas con uso comercial y hotelero y un edificio de siete plantas para viviendas de renta libre. Un tercer edificio, con 50 VPO, ha quedado postergado”.

“En el caso de la urbanización prevista al sur de Los Asperones, en el límite de la ampliación del campus de Teatinos, donde se construirán 1.236 viviendas, ninguna a ser de VPO, aunque el Ayuntamiento de Málaga y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) disponen de una parcela para 75 viviendas. Y el Ayuntamiento posee otro solar con capacidad para 140 viviendas. Al tratarse de un planeamiento antiguo no tienen la obligación de destinarse a pisos protegidos y la GMU quiere vender esos suelos y obtener ingresos”.

“Aunque no sea obligatoria la construcción de VPO sí que se podría hacer con voluntad política, más aún a la luz de la emergencia habitacional de Málaga”, ha dicho Morillas.

Además, ha agregado que “en las 630 viviendas que van a construirse en El Cuartón, en Churriana, unos terrenos vacíos entre la carretera de Álora y la iglesia de Churriana, no se va a ejecutar ninguna VPO. Tampoco en las 300 viviendas que van a construirse en el sector de Morales, junto a la carretera de Los Montes, situadas al norte por el vial de acceso a la ronda este desde el túnel de Monte Dorado y al sur por las viviendas situadas junto al camino de los Almendrales, a espaldas del Seminario”.

Otros ejemplos, ha continuado, “son el sector de Colinas del Limonar, en el que la GMU exoneró la obligación de reservar VPO, aludiendo a una excepcionalidad, tras librarse de la obligación de hacer viviendas públicas, la GMU puso a la venta sus trece parcelas para la construcción de vivienda libre, aunque tras la primera subasta han vendido solo seis, quedando desiertas las siete restantes”.

Morillas desvela que “tampoco se va a ejecutar ninguna VPO en Pinares de San Antón, donde está prevista la construcción de 285 chalés de lujo. Ni en los suelos entre La Araña y El Candado donde se quieren construir 406 adosados por parte de la propietaria de la fábrica de cemento”.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha demandado “que se priorice el derecho a la vivienda frente a los intereses particulares. La vivienda tiene que responder a una función social, no a un objeto especulativo”.

“El alcalde está protegiendo los intereses del negocio privado de unos pocos en detrimento del interés general de la ciudadanía, debe haber inconfesables y muy poderosos intereses para que, aunque el contador tras la multitudinaria manifestación del 29J sigue avanzando y ya han pasado cinco días, De la Torre siga sin tomar medidas”.

Ha agregado que “en Cádiz, con una manifestación con mucha menor participación ya se han anunciado medidas frente a las viviendas turísticas, y eso que se da la paradoja de que gobierna el PP, el mismo PP que denunció ante el TSJA las medidas que se tomaron desde el equipo de gobierno de la confluencia de izquierdas en Cádiz para controlar las viviendas turísticas”.

“Las medidas de Cádiz dejan claro que los ayuntamientos tienen herramientas suficientes para establecer una moratoria, activar un plan de inspecciones y poner coto a la plaga de viviendas turísticas existente”, ha concluido.


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