Señala que “constituye un ataque frontal y directo a nuestro sistema democrático”
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El partido político Vox ha recurrido el auto del juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, en el que apreciaba que las acciones relativas al delito de desobediencia que se imputan al expresidente catalán Carles Puigdemont se ubican en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Los de Santiago Abascal entienden que ese delito “vulnera de forma frontal y evidente principios básicos del Estado de Derecho”.
“Debe declararse la inaplicación en relación al delito de desobediencia, por cuanto los delitos de desobediencia lo son por ser cometidos contra decisiones contenidas en las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo (…) y por tanto, constituyen un ataque frontal y directo a nuestro sistema democrático al no reconocer ni acatar las decisiones judiciales de nuestros máximos órganos”, señala la abogada Marta Castro en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Precisamente, Llarena el pasado 1 de julio decidió que la ley de amnistía no podía aplicarse a Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comin Lluís Puig para el delito de malversación, pero sí veía que el delito de desobediencia tenía encaje en la ley para los tres y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por el delito de desobediencia.
En la parte dispositiva de su resolución, no obstante, Llarena acordaba oír a las partes a fin de que aportaran sus alegaciones sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la previsión de la ley de amnistía de perdonar “la responsabilidad derivada del delito de desobediencia objeto de investigación”.
Vox aprovecha su escrito para indicar que esta ley carece de “la suficiente justificación para excepcionar el principio de igualdad” y apunta que “las cuestiones que se disfrazan como políticas, en realidad, ocultan la más grave finalidad que es atentar contra el sistema democrático instaurado en la constitución y buscar la desintegración de la unidad territorial del Estado”.
Suma que la finalidad de la ley “no se corresponde con ningún interés general, sino con un interés de partido o incluso particular”. Y advierte de que si se aplica a la desobediencia, “compromete gravemente el principio de tutela judicial efectiva”.
“De ahí que tampoco en el caso de la desobediencia deba aplicarse, porque nada en la proposición de ley orgánica de amnistía responde a un interés general perseguido por la Unión Europea (UE) y que ya no solo es inexistente en esta ley sino que podemos afirmar con rotundidad que es contrario a los principios de la UE por vulnerar el principio de unidad territorial que configura cada nación”, añade Vox.
En definitiva, y sin entrar en si Llarena debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad, concluye que no debe aplicarse la ley de amnistía a ese delito de desobediencia porque supondría una “vulneración frontal, indubitada e insoportable de principios esenciales del sistema democrático” y “una confrontación directa con el derecho nacional y el común derecho de la Unión Europea”.
Por eso, no solo dice que no se amnistíe ese delito sino que además debe mantenerse la desobediencia en las órdenes de búsqueda y captura.
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