Cree que los aspectos “más polémicos” como el régimen sancionador buscan distraer el debate de la cuestión económica
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid se ha mostrado preocupada por la “ausencia de un incremento presupuestario” para las universidades en el borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, según les habrían transmitido desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.
En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la Federación, Isabel Galvín, ha explicado que en la reunión mantenida con el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo, éste les habría explicado que el texto “aún no está escrito” y esperan que esté listo “a finales de este mes” para “empezar a difundirlo”.
En cualquier caso, Galvín ha subrayado que “lo más preocupante” de las ideas que les han transmitido es que “no tienen previsto tramitar esta nueva ley con incremento presupuestario” ni “que se financien de una manera suficiente las universidades públicas”.
“Tampoco hay un compromiso claro para impulsar que las universidades públicas tengan las plantillas suficientes y tengan, tanto el profesorado como el personal laboral, unas condiciones laborales y retributivas dignas en un contexto en el que es muy habitual la pérdida de profesionales que huyen a otras comunidades autónomas”, ha añadido.
Por otro lado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid ha subrayado que desde la Consejería les han transmitido que “van a seguir impulsando las universidades privadas”.
IMPACTO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN LA CALIDAD DEL SISTEMA
“No están preocupados por el impacto en la calidad educativa del sistema universitario madrileño de la proliferación de universidades privadas que llamamos universidades y en algunos casos claramente no lo son”, ha lamentado Isabel Galvín.
En cuanto a “algunos de los elementos más polémicos” anunciados de la nueva ley como el régimen disciplinario con sanciones a las universidades que no controlen escraches y acampadas que acaben impidiendo la entrada de los alumnos a clase, Galvín advierte de la “intencionalidad” de “despistar” frente a “lo esencial de lo que están necesitando las universidades públicas madrileñas”.
“Con mucho marketing pusieron el foco en el nuevo régimen disciplinario que tendrán que desarrollar y que sin ninguna duda tendrá que estar sometido a las leyes españolas, tanto a las normas generales como a la Constitución, que regula específicamente tanto la autonomía universitaria como la libertad de cátedra, que son elementos claves de una democracia. Entonces lo que regulen evidentemente no podrá saltarse la Constitución, (…), claro, tiene una ventaja lo que hicieron, es que al final no se debate de lo esencial de la nueva ley”, ha advertido la responsable del sindicato.
En un encuentro con periodistas, el consejero de Educación, Emilio Viciana, anunció que se pretende entregar un borrador de la ley a los principales sujetos participantes, entre ellos rectores de universidades públicas y privadas y consejos sociales, a lo largo del mes de julio. Será este el momento donde se abrirá “una fase de diálogo” para “recoger su parecer y sus percepciones”, con el objetivo de “conseguir un texto lo más consensuado posible”.
Posteriormente, a partir del mes de septiembre, iniciarían el trámite de la consulta pública y pretenden presentar a finales de otoño un texto definitivo, para que dé comienzo entonces su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid (donde PP tiene mayoría absoluta).
Esta ley, que el Gobierno regional contrapone a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (conocida como LOSU), que rechazan al considerar que va en “detrimento de la calidad educativa”, busca cumplir con una “vocación de permanencia que responda a las necesidades actuales pero también de futuro”. Agrupará así todas las enseñanzas superiores –artísticas, deportivas y FP superior–, así como la ciencia y la investigación.
NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN
Esta normativa incluye además, según el primer documento que hizo público la Consejería de Educación a mediados de junio, otros aspectos como son un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que se haría a través de un plan plurianual revisable cada cinco años.
Estas instituciones contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad.
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