CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)
La Sala 9 de la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Cartagena celebra este miércoles el juicio contra cuatro personas relacionadas con un caso de prostitución y contra los derechos de los extranjeros, según el escrito de calificación fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.
Los hechos se remontan a junio de 2020 cuando, bajo resolución judicial, se practicó un registro en una casa de Cartagena en la que ejercían la prostitución varias mujeres, la mayoría en situación irregular y que eran captadas una vez en territorio nacional. Sin embargo, a una de ellas la contactó el principal acusado en su país de origen, ofreciéndole trabajo en España y pagándole los gastos del viaje. Cuando esta mujer aterrizó en Madrid el acusado la trasladó al piso-prostíbulo, le reclamó el dinero que le había prestado para presentar a su llegada al país y le exigió que saliera a atender a los clientes para pagarle la deuda que ascendía a 1500 euros.
Estas mujeres llegaban a tener jornadas de 20 horas y les imponían multas si no cumplían el horario o con la limpieza. Solo les permitían salir a la calle dos horas en determinados días, vigiladas y sin llaves. Las víctimas, que tenían firmado un contrato de arrendamiento para justificar su presencia en el inmueble, dormían en literas en el sótano, sin baño y controladas con cámaras.
Del dinero que les pagaban los clientes los dos acusados que gestionaban el local, un hombre y su entonces pareja, se quedaban con entre un 40 y 50 por ciento, así como con la recaudación de las copas la mayoría de las veces.
En el local se llevaban otros negocios, uno de ellos una página web donde se ofrecían los servicios de las víctimas y el del tráfico de estupefacientes que, bien estaban a disposición de los clientes del prostíbulo o de fuera. En el caso de que fueran requeridos por los clientes del lugar esto se hacía a través de las víctimas sin que ellas se llevaran ningún beneficio del trato.
Durante el registro realizado en la vivienda, propiedad de los padres de uno de los acusados, se encontró un arma de fuego, así como otra simulada, un percutor y 300 cartuchos de diferentes tipos. También se encontraron en la casa y en el coche del acusado marihuana, cocaína así como materiales para cortarla y prepararla, en cantidades que en el mercado negro hubieran alcanzado los 3.354,32 euros.
Así, se acusa a una de las dos personas que regentaban el piso de un delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, un delito de favorecimiento a la inmigración clandestina, tres delitos relativos a la prostitución, un delito continuado de favorecimiento a la inmigración clandestina, un delito contra la salud pública y un delito de tenencia de armas de fuego y se pide una pena de 31 años de cárcel en total. A la mujer junto con la que estaba a cargo del prostíbulo se la acusa de tres delitos relativos a la prostitución, un delito continuado de favorecimiento a la inmigración clandestina y un delito contra la salud pública, por lo que se solicitan 14 años y 6 meses de cárcel.
Por otra parte, se pide para los dueños del piso, padres del acusado, penas de 3 años de prisión para cada uno de ellos por un delito de tenencia de armas de fuego.
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