MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El portavoz de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos Thamin al Jitan ha expresado este martes su “preocupación” por la condena a penas de entre seis y ocho años de prisión contra una decena de activistas ecologistas, entre ellos un ciudadano español, en Camboya.
“Estamos muy preocupados por la condena y por la dura sentencia impuesta contra estos diez activistas por cargos que incluyen insultos al rey”, ha aseverado Al Jitan en un comunicado en el que ha alertado de posibles violaciones del Derecho Internacional en el país asiático.
Además, ha señalado que se ha estado produciendo un aumento del uso de estos cargos como “código para penalizar el ejercicio de las libertades fundamentales” en Camboya, que cuenta con una ley de lesa majestad, al igual que otros países como Tailandia.
“Pedimos que se acepte un recurso que permita revisar el caso de acuerdo con los estándares internacionales e instamos a las autoridades a analizar estos cargos, especialmente en los casos en que los activistas eran menores de edad cuando se produjeron los actos por los que han sido juzgados”, ha puntualizado.
Por otra parte, ha solicitado a las autoridades camboyanas que faciliten la celebración de consultas para allanar el camino hacia una reforma del Código Penal que permita ponerlo a la altura del Derecho Internacional. “Estamos preparados para involucrarnos en este proceso”, ha zanjado.
La Justicia de Camboya ha condenado este mismo martes a penas de entre seis y ocho años de cárcel a una decena de activistas de la organización Mother Nature, entre ellos el español Alejandro González-Davidson, tras un juicio que ha dejado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y defensores del medio ambiente a las puertas del juzgado en la capital, Nom Pen.
El tribunal ha emitido el veredicto esta mañana y ha dado así por concluido un juicio que giraba en torno a los cargos de “conspiración” e “insultos al rey” en relación con las actividades desempeñadas por los activistas. En el caso de González-Davidson, la pena incluye ocho años de cárcel, una multa de 2.500 dólares (unos 2.300 euros) y la expulsión del país una vez cumple su condena.
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