La defensa presenta una contrapericial de la geolocalización móvil del investigado y pedirá un careo de peritos y que declare el último
SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía y las otras cinco partes personadas en la causa por el doble crimen de Liaño han solicitado este lunes la apertura de juicio oral al acusado de matar a su pareja, de 40 años, y al bebé de ambos, de once meses, en diciembre de 2021 en esa localidad cántabra.
Así se lo han trasladado el representante del ministerio público y cinco abogados -tres de acusaciones particulares, uno de la acción popular que ejerce el Gobierno regional y la defensa- al juez instructor en la audiencia preliminar celebrada esta mañana.
En la convocatoria, el letrado de José R. -en prisión provisional desde lo ocurrido y que se enfrenta a que sea permanente revisable- ha anunciado que pedirá un careo entre los peritos de la Guardia Civil que elaboraron el informe de geolocalización del teléfono móvil del investigado la tarde noche de los hechos y los que han realizado uno propio, aportado por esta parte la semana pasada a la causa.
Y ha avanzado además que de cara a la vista oral, que se celebrará con tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Cantabria, solicitará que su patrocinado declare en último lugar, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, instruido por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander.
La fiscal pide para el procesado, de 43 años en el momento de los hechos, la pena máxima (prisión permanente revisable) por la muerte de la pequeña, 25 años de cárcel por el fallecimiento de la mujer y uno más por quebrantamiento de condena (orden de alejamiento que tenía sobre esta última y que habría roto hasta dos veces ese día).
El ministerio público considera los hechos constitutivos de dos delitos de asesinato (ambos con alevosía y uno de ellos con ensañamiento además) y en los que concurren las agravantes de parentesco, en ambos, y de discriminación por género en uno también. Asimismo, entiende que es autor de un delito continuado de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia.
Las tres acusaciones particulares personadas en la causa, en representación de familiares de las dos víctimas, y la acción popular, ejercida por el Gobierno de Cantabria, también reclaman para José R. prisión permanente revisable por el asesinato del bebé y 25 años más de cárcel por el de la mujer.
DICIEMBRE DE 2021
Los hechos sucedieron en la casa familiar de las víctimas, en la localidad de Liaño, perteneciente al municipio de Villaescusa, donde aparecieron sin vida los cuerpos de la madre, de 40 años, y la hija, el 17 de diciembre de 2021.
Fueron localizadas con distintas heridas de arma blanca (que no ha aparecido), aunque se cree que ambas fueron asesinadas la tarde anterior. Los forenses sitúan la data de la muerte entre las siete de la tarde y nueve de la noche del día 16.
Tras el hallazgo de los cuerpos, el sospechoso, que tenía 43 años, se personó en dependencias policiales a requerimiento de las autoridades y quedó detenido. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Primero estuvo en la cárcel de El Dueso, en Santoña, y después y hasta ahora en la de Dueñas, en Palencia.
TESTIGOS, TELÉFONOS MÓVILES Y ADN DEL SOSPECHOSO Y NO DE TERCEROS
Aunque se ha declarado inocente y ha negado su participación en los hechos, José R. es el único procesado por lo ocurrido. Varios testigos le situaron en el lugar en los momentos en los que presuntamente se cometieron.
Junto a ello, los datos de geolocalización de los teléfonos móviles del hombre y de la mujer también coinciden en tiempo y espacio, situándole igualmente en el escenario del doble crimen en el momento en el que presuntamente se cometió.
Y además, la información registrada en distintos repetidores y antenas de telefonía de la zona reflejan los desplazamientos posteriores del encausado, según los cuales permaneció toda la noche en la casa -en contra también de lo manifestado por él- y se fue en torno a las seis de la mañana del día siguiente.
Frente a todo ello, los investigadores no han encontrado ADN de otras personas en el lugar de los hechos, por lo que descartan la participación de terceros en estas muertes.
ORDEN DE ALEJAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
A priori, ambos asesinatos se produjeron tras la intervención de dos guardias civiles por la llamada de la mujer ante la presencia del hombre en el domicilio, a pesar de que tenía orden de alejamiento -dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander- y que habría quebrantado, hasta dos veces en un día.
Personados en el lugar, los agentes dejaron marchar al sospechoso y por este proceder la Benemérita abrió una investigación interna y un expediente -también a un sargento- que acabó en sanción a los tres efectivos implicados.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cantabria rechazó que se imputara por un doble delito de homicidio por imprudencia profesional a los tres efectivos.
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