VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado este lunes durante su intervención en comisión en las Cortes que en los dos años que restan de legislatura autonómica tendrán como principales cuestiones a abordar la reivindicación de una financiación autonómica justa; la gestión de fondos europeos y el impulso a las energías renovables.
Así lo ha señalado Fernández Carriedo en su intervención en convocatoria extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha comparecido a petición propia para exponer el grado de cumplimiento de los objetivos de legislatura.
Fernández Carriedo ha señalado que la Junta mantendrá en los dos próximos años la defensa de los intereses “de todos los castellanos y leoneses” y así ha reclamado el apoyo “expreso” de todos los grupos parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León para lograr una respuesta favorable del Gobierno de España en tres cuestiones como la reforma del Sistema de Financiación Autonómica; en segundo lugar, la gestión de los fondos europeos; y por último, más colaboración con el impulso de las energías renovables.
Carriedo ha recordado que el actual sistema de financiación está “caducado desde hace 10 años”, mientras que lo considera “ineficiente, insuficiente y deficitario”, además de criticar que el Gobierno de España “no ofrece transparencia sobre la reforma del Sistema” y no convoca a las CCAA “en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera desde septiembre de 2018”.
Asimismo, insiste en que el Gobierno ha “incrementado la infrafinanciación que sufren todas las CCAA de régimen común, afectando a la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
El Consejo de Cuentas, según recuerda, ha cuantificado esta infrafinanciación, para Castilla y León, en 6.700 millones de euros desde 2009 hasta 2021.
Así, la Junta de Castilla y León defenderá una financiación justa que “atienda al coste real de los servicios que se prestan en cada territorio, como único camino posible para garantizar la igualdad de todos los castellanos y leoneses en el acceso a unos servicios de calidad”; una financiación “suficiente que compense la infrafinanciación actual que sufren todas las CCAA”; equitativa para prestar los mejores servicios públicos en todo el territorio, “cubriendo el coste real de su prestación, teniendo en cuenta el envejecimiento sobre el gasto futuro e incorporando la perspectiva demográfica al nuevo modelo para dotar de una financiación adicional a las CCAA con retos demográficos”.
Asimismo, defiende que deberá ser una financiación consensuada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tenga en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones sin negociaciones bilaterales; y por último, “una financiación solidaria para todas las CCAA de régimen común”.
Por otra parte, el consejero ha recordado que por cada mes que ha pasado sin que el Gobierno de España haya actualizado las entregas a cuenta a las cuantías acordadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha seguido aumentando el desfase entre las cantidades que la Comunidad debería recibir del Sistema de Financiación y las que efectivamente ha recibido hasta el momento, que siete meses después del inicio del ejercicio suponen más de 360,5 millones menos.
La Junta reclama también “una mayor participación en la gestión de estos recursos” pues considera que el Gobierno “no ha tenido en cuenta ni la opinión de los sectores productivos ni de las Comunidades, de forma que las bases reguladoras son extraordinariamente complejas y precisarían de un mayor nivel de flexibilidad”.
Además, la Comunidad pedirá que se puedan establecer cambios y asignaciones de recursos hacia los programas con mayor éxito y demanda social. Y que esto se haga con el tiempo suficiente para poder gestionar adecuadamente los mismos.
En tercer lugar, ha reivindicado la colaboración con el impulso al autoconsumo energético y así la Junta reclama al Gobierno una respuesta favorable de colaboración para incluir en su planificación las infraestructuras de distribución de hidrógeno verde que demandan los proyectos de la Comunidad; que desarrolle la red de transporte, imprescindible para llevar a cabo el Plan de abastecimiento renovable en los polígonos empresariales; que acometa las modificaciones normativas que favorezcan un impulso mayor aún de las instalaciones de autoconsumo; y finalmente, que se facilite que la energía se consuma, cada vez en mayor proporción, en los territorios donde se genera.
“Son solo tres de las cuestiones que podría haber citado pero considero que pueden concitar consenso a día de hoy”, ha recalcado Fernández Carriedo.
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