VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado este jueves que la nueva rebaja en el tramo autonómico del Impuesto de la Rente de las Personas Físicas anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se sumará a los beneficios fiscales ya aplicados por el Gobierno autonómico, que suponen el ahorro fiscal de 140 millones de euros a 1,3 millones de ciudadanos.
Así lo ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta, en la que ha sido preguntado sobre el impacto favorable que supondrá a los contribuyentes el anuncio realizado este miércoles por Fernández Mañueco durante su intervención en el debate sobre política general en las Cortes de Castilla y León.
Fernández Carriedo ha defendido que el Gobierno autonómico tiene una “hoja de ruta muy clara” que consiste en una “fiscalidad moderada e inteligente” a través de la reducción de impuestos y así, tras impulsar cuatro paquetes de rebajas fiscales en Castilla y León, el presidente Mañueco suma una quinta que se había “comprometido”.
Según los datos que ha aportado correspondientes a la campaña 2023, que se cierra en unos días, el ahorro fiscal en el IRPF que se produce en Castilla y León “por el ejercicio” de la normativa del Gobierno formado actualmente por PP y Vox en cuestión de reducciones del impuesto en los tramos autonómicos se sitúa en los 100 millones de euros, mientras que en cuanto a deducciones fiscales se suman 40 millones.
En total se trata de unos beneficios fiscales de 140 millones de euros que llegan a “1.300.000 contribuyentes”.
La idea de la nueva rebaja, tras reducir el tipo mínimo de garantías en esta misma legislatura, es bajarlo ahora del 9 al 8,5 por ciento, para continuar por “la senda de la reducción de impuestos”. En definitiva, ha precisado, se trata de una bajada del 5,5 por ciento del gravamen en el tipo mínimo.
De hecho, ha mencionado que hay comunidades autónomas que tienen un tipo mínimo de gravamen autonómico del 10,5 por ciento, mientras que Castilla y León estará en el 8,5 por ciento, lo que supone “un 20 por ciento menos de presión fiscal en el primer tramo del IRPF”.
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