Otros seis ministros también hacen uso de las residencias oficiales, según ratificó el Ejecutivo
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado a Vox que en Madrid utiliza la vivienda oficial del ministerio como residencia habitual y ha detallado que los gastos mensuales de la misma rondan los 370 euros de media.
A través de una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno indica que la vivienda en la que reside la portavoz del Ejecutivo pertenece a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y ha sido cedida temporalmente al Ministerio para este uso.
En todo caso, matizan que no se trata de una vivienda que se haya adquirido para esta finalidad, sino que se ha dado uso a una vivienda de la que ya se disponía en el patrimonio de la Administración Pública, por lo que el coste generado, según explican, ha sido “muy pequeño”.
Asimismo especifican que los gastos de suministros de la vivienda (electricidad y agua) se abonan por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y su cuantía mensual media en 2024 es de 367 euros. Sin embargo, lo que no especifican son los posibles gastos por mantenimiento o reparaciones, ya que se han realizado en el marco del contrato suscrito para todos los edificios gestionados en el ámbito de los servicios centrales del Departamento y por tanto, “no es posible su individualización”.
Por otro lado, en lo que se refiere al número de habitaciones o el tamaño de la vivienda, como pedían conocer desde Vox, aclaran que de todas las estancias de la casa, incluyendo pasillo, recibidor, etcétera, sólo cuatro están habilitadas como “habitaciones”.
SIETE MINISTROS CONFIRMAN SU USO
Ya en el mes de mayo, el Gobierno confirmó a Vox a través de varias respuestas parlamentarias que seis de los 22 miembros del Ejecutivo de coalición, los titulares de Trabajo, Interior, Seguridad Social, Vivienda, Economía y Ciencia, hacían uso de la vivienda oficial del ministerio como residencia habitual.
Fue a raíz de una batería de preguntas que registraron los de Santiago Abascal para que numerosos ministerios especificasen algunos detalles sobre las viviendas oficiales de los ministerios. En concreto, las preguntas iban dirigidas a esos seis ministerios y al de Educación, que en su momento no respondió.
A través de estos escritos, desde Vox buscaban conocer cuestiones como el órgano o ente administrativo titular de cada uno de los inmuebles, cuánto tiempo lleva cada uno de ellos residiendo en la vivienda y si se han efectuado obras en la misma desde entonces (y en caso afirmativo especificar el coste).
¿QUIÉN PAGA LOS SUMINISTROS?
Los diputados de Vox también solicitaban al Ejecutivo que detallase si los suministros de estos inmuebles (gas, luz y agua) van a cargo de los presupuestos públicos y de ser así, cuál es el coste medio mensual de estos suministros de cada una de las viviendas.
En esas preguntas, recogidas por Europa Press, Vox recogía detalles de las viviendas oficiales como su tamaño, desde 443 metros del Ministerio de Trabajo y los 320 metros de Educación, hasta los 229,81 metros cuadrados de la residencia de Vivienda.
Pero en la mayoría de respuestas, el Ejecutivo no quiso entrar en los detalles. Solo el Ministerio de Vivienda confirmó que su residencia oficial, “situada en el municipio de Madrid, consta de ocho estancias, con una superficie total de 229,81 metros cuadrados”, según figura en la contestación recogida por Europa Press.
LAS VIVIENDAS OFICIALES ESTÁN REGULADAS
Lo que sí que remarcaron de manera unánime desde todas las carteras es que los aspectos relativos a la naturaleza de las viviendas y los relativos a la habilitación de un espacio de residencia para los miembros del Gobierno se determinan en escrupuloso cumplimiento de lo contenido en los artículos 5.1, 5.3 y 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
De igual manera, aquellas cuestiones relativas a la utilización de tales viviendas, que se establecen según lo recogido en el artículo 106 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Además, enmarcaban el uso de estas viviendas en “razones de seguridad”.
En lo referente a los gastos ocasionados por los suministros o las obras que se hayan llevado a cabo desde la llegada de los titulares a los ministerios, como pedían conocer desde Vox, todas las carteras descartaron proporcionar esa información. “Los costes asociados a dicha vivienda oficial, relativos al mantenimiento y a los suministros básicos, forman parte del gasto total del inmueble siendo, por tanto, indiferenciables”, explicaron desde Trabajo.
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