SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía debate el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Por Andalucía sobre vivienda para reclamar que las viviendas protegidas sobre suelos destinados a viviendas con algún régimen de protección pública “estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo, al igual que las actuales viviendas protegidas de alquiler que forman el parque público andaluz”.
Plantea Por Andalucía “prohibir a las entidades jurídicas que compren vivienda y vendan más caro o alquilen por un precio mayor al marcado en el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional dé Estadística (INE) durante los primeros cuatro años”, petición a la que añade crear un recargo en el IRPF para “las personas fisicas que compren vivienda y vendan más caro o alquilen por un precio más alto que el índice de referencia de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE)”.
Persigue que “no podrá modificarse” un suelo calificado de reserva de vivienda de protección pública, excepto en caso de que “el instrumento de ordenación urbanística justifique la innecesariedad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino”, lo que no obsta para que se pueda modificar las características de la vivienda protegida o “el suelo deba destinarse necesariamente a la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales”.
Reclama a la Junta de Andalucía que incorpore a su normativa “los criterios y procedimientos para la declaración de zonas tensionadas” y “en condiciones que la hagan asequible para su acceso” cumpliendo las directrices de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.
Estas demandas forman parte de las 24 peticiones que plantea Por Andalucía en su iniciativa, que reclama “la definición de la especulación urbanística” y “medidas dirigidas a impedir que se produzca”, entre ellas, “limitar los precios de enajenación” en las compraventas para acotar así el beneficio, “con especial tratamiento” a las adquiridas con una ejecución hipotecaria, para lo que apunta el IPC como criterio de actualización “más los gastos documentados inherentes a la transmisión”.
Por Andalucía reclama “regular la habitabilidad de las viviendas” con la idea de “garantizar la dignidad y la salud de las personas” tras asegurar que “los hogares de los arrendadores disfrutan de una renta media bruta anual de entre 50.604 y 56.473 euros, mientras que la de los hogares de los inquilinos es de entre 19.758 y 26.288 euros, lo que supone una diferencia de renta de hasta 2,58 veces superior”.
Apuesta la PNL de Por Andalucía por medidas que “eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus características particulares”, con la pretensión de “no debiendo superar con carácter general el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia”.
Plantea una definición de vivienda social como “la de titularidad pública destinada al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta y destinada a personas u hogares con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado”, a la que suma “aquella cuyo suelo sea de titularidad pública”.
Demanda que la normativa andaluza regule el derecho de propiedad de la vivienda y establece cinco deberes para los propietarios, tales como “uso y disfrute propios y efectivos de la vivienda”, junto con “el mantenimiento, conservación y, en su caso, rehabilitación de la vivienda”, así como “evitar la sobreocupación o el arrendamiento para usos y actividades que incumplan los requisitos y condiciones de habitabilidad”; “cumplir las obligaciones de información que se establezcan”; y de ser una vivienda en un mercado residencial tensionado, “cumplir las obligaciones de colaboración con la Administración”.
Reclama “garantizar el inmediato cumplimiento legal de destinar el 70% de las liquidaciones de fianzas a programas de vivienda”, así como incrementar ese porcentaje hasta un 90% con “acuerdos con los promotores públicos para la ejecución de dichos programas de ampliación del parque residencial público destinado a alquiler protegido y asequible”.
La iniciativa de Por Andalucía pretende establecer “nuevas ayudas al alquiler, con fondos autonómicos” para favorecer la vivienda en alquiler para personas en situación de vulnerabilidad y jóvenes, y así contrarrestar “el fiasco autonómico” del Bono Alquiler Joven.
COMPENSACIÓN POR DEMORA A DEMANDANTES DE BONO ALQUILER JOVEN
Vinculado con esta petición reclama “el abono urgente” de todas las solicitudes del Bono Alquiler Joven pendientes, “así como una compensación por demora por los perjuicios causados” a los solicitantes.
Quiere la creación del Servicio de Información del Parque Residencial de Vivienda de Andalucía (SIPRA) y activar el Registro de vivienda deshabitada, peticiones a las que suma recuperar el Observatorio de Vivienda y crear Comisiones de Seguimiento con competencia sobre extinción de los contratos de alquiler o de medidas de desahucio.
Por Andalucía apuesta por destinar dinero a las universidades para que creen Cátedras de Vivienda con la idea de que, junto al Observatorio de la Vivienda, realicen “análisis cualitativos y cuantitativos de la situación de la vivienda y ofrezcan soluciones”.
Pide “diferenciar los arrendamientos turísticos de los otros arrendamientos temporales” para que esos arrendamientos temporales respeten los límites de precios previstos para la vivienda habitual en la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como “regular y limitar el porcentaje de viviendas de arrendamiento temporal en las zonas tensionadas”.
Quiere “una moratoria que impida la apertura de nuevas viviendas y apartamentos de uso turístico en Andalucía” a la espera de “un diagnóstico riguroso” del impacto de estas viviendas sobre el parque residencial.
Reclama que los planes de inspección garanticen cumplir la previsión de la Ley de Arrendamientos Urbanos acerca de que “prohíbe a las inmobiliarias cobrar honorarios a los arrendatarios y arrendatarias”, así como “la reversión de viviendas y apartamentos turísticos para que sean destinadas a residencia, domicilio o morada”, que será una prioridad en zonas con “pérdida de población residente, incremento desproporcionado del precio de la vivienda en alquiler o compraventa, pérdida del comercio local de proximidad, o un significativo volumen de demanda de vivienda”.
La última petición de la PNL de Por Andalucía es un plan de inspección sobre pisos turísticos existentes y su publicación en plataformas digitales para “verificar que cumplen con la legislación vigente”.
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