Las autoridades civiles y militares protagonizan encontronazos en torno a la ofensiva y la capacidad de eliminar a Hamás
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno y el Ejército de Israel se han visto envueltos durante los últimos días en una serie de desencuentros que suponen un reflejo de un aumento de las tensiones internas en torno a la estrategia de seguridad tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que llevaron a las autoridades israelíes a lanzar una ofensiva contra la Franja de Gaza y a la apertura de otros frentes en el resto de fronteras de Israel.
Los ataques perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra Gaza, que hasta ahora deja más de 37.400 muertos y a incrementar sus operaciones en Cisjordania y Jerusalén Este, con más de 520 palestinos fallecidos a manos de las fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos.
El avance de la ofensiva tras los atentados, considerados uno de los fallos de seguridad más graves de Israel desde su creación en 1948, ha llevado a un desgaste de la imagen del país a nivel internacional, incluida la presión por parte de sus principales aliados, con Estados Unidos a la cabeza. A ello se suman las protestas contra el Gobierno y el surgimiento de grietas en la relación entre la administración civil y la cúpula militar.
Así, el aumento de la unidad interna en rechazo a los ataques por parte de las facciones palestinas –materializada en un gobierno de unidad y un gabinete de guerra al que se sumó Benny Gantz, una de las principales figuras de la oposición– se ha ido desmoronando por la falta de un acuerdo de alto el fuego que implique la liberación de rehenes y un horizonte político al conflicto, aún no pergeñado por el Gobierno israelí.
Las tensiones por la falta de una ‘hoja de ruta’ en Gaza se han visto materializadas en la reciente salida de Gantz del gabinete de guerra, lo que llevó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a anunciar su disolución en medio de los llamamientos de ministros ultraderechistas a ser incluidos en el órgano, una muestra de la radicalización de las posturas del Gobierno que tomó posesión a principios de 2023, que integra a partidos ultraortodoxos y de extrema derecha.
Esta situación se ha visto seguida por un encontronazo público entre Netanyahu y el Ejército después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaran el 16 de junio la instauración de “pausas tácticas” en el sur de Gaza con el objetivo declarado de permitir la entrega de ayuda en esta zona del enclave, sumido en una profunda crisis humanitaria.
El comunicado del Ejército llegó ante el aumento de la presión internacional tras el inicio en mayo de una ofensiva contra Rafá, que provocó la suspensión de las operaciones humanitarias, y tras la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para el fin de los ataques contra la ciudad y la aplicación de medidas para permitir la entrada de ayuda al enclave, que se encontró con el rechazo frontal de Israel.
Tras el anuncio, Netanyahu afirmó que no había sido informado previamente sobre estas “pausas tácticas”, tildadas de “mentiras” por Hamás y que, según Naciones Unidas, no han derivado en un aumento de la entrega de ayuda humanitaria a causa de la inseguridad y la falta de garantías para la distribución en una zona marcada por el conflicto y el descontrol en medio de una ofensiva que ha causado una enorme devastación en el enclave.
Netanyahu, que aseguró que habría una investigación en torno al anuncio de las “pausas”, que desataron además duras críticas a las FDI por parte de los sectores ultraderechistas del Gobierno, tuvo que salir posteriormente al paso de unas declaraciones del portavoz del Ejército, Daniel Hagari, quien sostuvo en una entrevista que Hamás representa “una ideología” que no puede ser eliminada en el contexto actual.
“Decir que vamos a lograr que Hamás desaparezca es engañar a la gente. Si no damos una alternativa, tendremos a Hamás”, manifestó, lo que provocó que la oficina del primer ministro emitiera rápidamente un comunicado para incidir en que “uno de los objetivos de la guerra es la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás” y agregar que “las FDI están comprometidas con ello”.
El Ejército publicó también un comunicado para aclarar las palabras de Hagari ante la polémica y reiterar que su portavoz hizo referencia a Hamás “como una ideología”, nuevamente en medio de las dudas ante la falta de un plan para la etapa posterior al conflicto –incluido quién estará al frente del enclave– y las críticas a las autoridades por la falta de progresos tangibles en los objetivos fijados al lanzar la ofensiva.
A estos aspectos se suman las voces críticas por la estrategia en Gaza por parte del Gobierno, que ha rechazado hasta ahora la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego y apuesta por la vía militar, ante el desgaste de las tropas y el incremento de las tensiones con Hezbolá en la frontera con Líbano, especialmente por el riesgo de un conflicto a gran escala en este frente.
TENSIONES EN LA COALICIÓN Y PROTESTAS
Precisamente la ausencia de un acuerdo entre Israel y Hamás en las conversaciones indirectas mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos ha sido el motor de la convocatoria de semanas de protestas contra Netanyahu pidiendo un pacto para la vuelta de los rehenes y acusando al Ejecutivo de priorizar su supervivencia política a la vida de los secuestrados.
Algunas de estas protestas han estado marcadas por la represión por parte de la Policía –dirigida por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir–, lo que ha encendido aún más los ánimos y ha derivado en un aumento de las críticas a Netanyahu por lo que sus opositores consideran como una deriva autoritaria y una ausencia de medidas para controlar a los elementos más extremistas del Ejecutivo.
Las diferencias en el seno de la coalición gubernamental –encabezada por el Likud e integrada por otros seis partidos ultraderechistas y ultraordoxos– ha provocado numerosas fricciones internas, especialmente en torno al proyecto de ley destinado a abrir el reclutamiento a los miembros de la comunidad ultraortodoxa, hasta ahora exentos, para compensar las bajas sufridas en Gaza y por los ataques de Hezbolá.
La Justicia israelí considera que esta exención es discriminatoria y parte de la oposición ha reclamado que se desarrolle un plan para el reclutamiento de estas personas, lo que se ha encontrado con el rechazo frontal de los partidos ultraortodoxos, que han amenazado con hacer caer el Gobierno, atando de pies y manos y Netanyahu y rebajando su capacidad de maniobra.
En este contexto, también han aumentado las críticas ante la falta de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y las fuerzas de seguridad tras los ataques del 7 de octubre, especialmente después de que la emisora pública Kan desvelara esta misma semana que un informe preparado por los servicios de Inteligencia menos de un mes antes de los asaltos documentaba los preparativos de Hamás y los planes para el secuestro de “entre 200 y 250 personas”.
La publicación del informe se vio seguida por el anuncio de la creación de un foro integrado por familiares de soldados dedicados a tareas de vigilancia que murieron durante los ataques para impulsar la creación de una comisión nacional de investigación para abordar las “negligencias” por parte de las autoridades.
Hasta la fecha, Netanyahu ha rechazado la apertura de esta investigación en medio de la ofensiva en Gaza y ha argumentado que las pesquisas deberían tener lugar tras el conflicto, si bien el Ejército ha dicho que empezará a presentar en julio parte de las conclusiones de su análisis sobre lo sucedido, lo que podría abrir otra grieta en la cúpula de poder en el país.
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