También han ofrecido trasladado a Martín análisis y respuestas sobre el aumento de delitos sexuales en la región
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Abel González, acompañado por el coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial, Alberto Rodríguez, han presentado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el protocolo de actuación integral para luchar contra los ‘narcopisos’ del barrio de Lucero y la inseguridad que generan, en un “fructífero encuentro” en el trataron además otras cuestiones.
Los miembros del Colegio han expuesto la problemática de la calle Cullera, la percepción de inseguridad real existente, los problemas de convivencia que hay alrededor de toda esa zona y las competencias en las posibles soluciones que se puedan aportar al problema. Martín ha acogido positivamente estas ideas y señalado que no sólo se trata de un problema de seguridad, sino también social, de convivencia y de salud pública, “que requiere la coordinación entre las administraciones”.
Los criminólogos se han ofrecido a favorecer esa coordinación a través de una Mesa en la que también participarían asociaciones vecinales, con el objetivo de que se ponga en marcha cuanto antes un plan estratégico para luchar contra estos puntos conflictivos.
Así se lo trasladarán en reuniones que mantendrá en próximas fechas a representantes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. “Se trata de un problema multicausal que necesita una respuesta de todas las instituciones”, ha apuntado Abel González.
Igualmente, hablaron con el delegado del Gobierno de otros puntos problemáticos en la capital y el resto de la región, por lo que le solicitaron la realización un análisis integral con una serie de propuestas y con las funciones que pueda tener cada una de las administraciones para resolver las distintas problemáticas. “Para eso estamos preparados nosotros desde el Colegio con la función pública y social que ostentamos”, ha recordado el vicedecano.
En el encuentro, los criminólogos también han planteado al representante estatal en Madrid la posibilidad que desde el Colegio Profesional realice encuestas profesionales de victimización en la Comunidad de Madrid, algo que llevan tiempo realizado en otros territorios como Cataluña.
Francisco Martín se mostró bastante receptivo con la propuesta, ya que con estas encuestas se conocería con más precisión muchos problemas de delincuencia en la región y se actuará de forma más ágil y precisa.
Entre otras cuestiones, los miembros del CPCM conversaron con el delegado del Gobierno sobre el aumento de los delitos sexuales en la región, ofreciendo análisis sobre la cifra negra de estos delitos y algunas soluciones para atajar una problemática que a todos alarma. “Los Grupos del Trabajo del Colegio llevan tiempo trabajando sobre ello y pueden aportar conocimientos y propuestas de futuro”, indicaron.
PROPUESTA SOBRE LOS ‘NARCOPISOS’ DE CALLE CULLERA
El Grupo de Función Policial del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid ha realizado un análisis previo de la situación entorno a los ‘narcopisos’ de la madrileña calle Cullera, identificando varios factores clave, como el contexto social y urbano. Lucero es un barrio de clase trabajadora con edificios residenciales antiguos y falta de inversión en mantenimiento y seguridad, lo que ha facilitado su aparición.
Los datos policiales indican un aumento de delitos relacionados con drogas y actividades delictivas asociadas, como robos y vandalismo. Y encuestas locales muestran que los residentes tienen una percepción baja de seguridad, especialmente en torno a los edificios con ‘narcopisos’, apuntan los promotores del estudio.
El trabajo de campo realizado, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero’, que ya ha sido presentado a la Junta de Distrito de Latina, ha contado también con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes califican como “dramática” la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido “insuficientes” y traficantes se sienten “intocables” y ellos “vulnerables e indefensos”.
Con todo, el Grupo de Trabajo han desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países con el objetivo de involucrar a los Propietarios realizando talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.
Asimismo, apuestan por medidas comunitarias, como el lanzamiento campañas informativas y fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos. También acciones policiales y legales, como establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de videovigilancia, sí como implementar programas que permitan a los residentes demandar a los dueños por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para delitos.
Otras medidas pasan por mejorar la iluminación del entorno, establecer el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes e instalar cámaras en zonas estratégicas. También colaborar con instituciones financieras, informando a los bancos de las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.
El informe propone además asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad y realizar inspecciones periódicas, programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas, informar y exigir una actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.
“Estas estrategias se han de basar en estudios de investigación criminológica e informes policiales que subrayen la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes en la solución del problema”, concluyen desde el CPCM.
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