MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha remitido a la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado sobre el salto a la valla de Melilla el 24 de junio de 2022 que se saldó con entre 23 y 37 fallecidos, según distintas fuentes, y que determinó que no había habido ningún tipo de responsabilidad por parte de ninguna autoridad, ningún funcionario español, al ser preguntado por el informe de Border Forensics, Irídia, y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) publicado esta semana.
“Una investigación amplia, exhaustiva, y concluyó y determinó que no había habido ningún tipo de responsabilidad por parte de ninguna autoridad, ningún funcionario español. Con lo cual yo me remito a la investigación realizada conforme al ordenamiento jurídico y en una democracia plena como es nuestro país”, ha señalado tras inaugurar la nueva sede de la Dirección General de Protección Internacional.
El informe publicado esta semana señala que “aunque persisten muchas zonas grises” sobre las muertes de 23 personas mientras trataban de cruzar la valla, los hechos que han reconstruido en la investigación “son condenatorios, tanto para las autoridades marroquíes como españolas, así como para la Unión Europea (UE), que las apoya política y financieramente”. En este sentido, las asociaciones instan a que las autoridades de ambos lados de la frontera arrojen “toda la luz sobre esta masacre” y respondan “a las demandas de verdad y justicia de las víctimas y sus familias”.
Por otro lado, Marlaska ha recalcado que la inauguración de la nueve sede de Asilo y Refugio “determina” que España y el Gobierno están “comprometidos” con la protección internacional y los derechos fundamentales de los más vulnerables.
Además, ha recordado que España fue el tercer país de la Unión Europea (UE) en recepción de solicitudes de asilo en 2023, cuando sumó “más de 163.000”, a lo que se han unido los 212.300 ucranianos que reciben protección temporal en España tras el estallido de la guerra con Rusia. Por ello, ha querido reconocer “todos los servidores públicos”.
Preguntado por la puesta en marcha de nuevos puestos de trabajo para gestionar las peticiones de asilo, Marlaska ha pauntado que un futuro “plan de choque” permitirá mejorar “todavía más los resultados” sin “descuidar algo tan importante como” la garantía de los derechos fundamentales. En este sentido, espera procedimientos “más ágiles, pero con más garantías” gracias a la presencia de más personal, más digitalización y más medios.
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