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El PSOE desmiente que Moriyón haya ingresado el dinero que el Tribunal de Cuentas exigió y Foro lo confirma

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Desde Foro se afirma que la alcaldesa ingresó la cuantía en los términos y fechas fijados por el Tribunal

GIJÓN, 20 (EUROPA PRESS)

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha sostenido este jueves que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), aún no ha reintegrado al Ayuntamiento los más de 31.000 euros –más intereses legales– a los que la condenó el Tribunal de Cuentas, si no que lo único que ha hecho es depositar el aval exigido por este órgano fiscalizador, según ella.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, tras la Comisión de Hacienda en la que ha preguntado por este dinero, tras ser condenada la alcaldesa por utilizar indebidamente fondos asignados a su grupo municipal en un mandato anterior, cuando debería haberlo abonado su partido, Foro Asturias, según una nota de prensa del PSOE.

“Dijeron que ingresaron el dinero ante el Tribunal de Cuentas antes de la sentencia en los términos que fija la misma y lo que la alcaldesa depositó fue un aval”, ha recalcado la concejala socialista.

Unas declaraciones que han sido debatidas por el Gobierno local. En respuesta a Europa Press, desde Foro se ha señalado que, en la citada Comisión de Hacienda, lo que indicó el segundo teniente de alcalde, Jesús Martínez Salvador, es que: “El reintegro se ha realizado en los términos solicitados por el Tribunal de Cuentas, en la fecha que refleja la sentencia referida al escrito de allanamiento”.

Este dinero “será ingresado al Ayuntamiento por el propio Tribunal de Cuentas al término del procedimiento oportuno, que no depende de instancias municipales”, explicó Martínez Salvador en Comisión de Hacienda, según el Gobierno local.

Otro punto de desacuerdo es que desde el PSOE se ha afirmado que en la sentencia “no hay una sola referencia a que el dinero haya sido ingresado, lo que figura, reitera la concejala, es un aval bancario depositado hace un año, tal y como exige la ley”. Algo que niegan desde el Gobierno local.


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