GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha aplazado la declaración como investigada prevista para este miércoles de la alcaldesa de esta localidad, Luisa García Chamorro (PP), por presunta malversación de caudales públicos a la espera de decidir si uno de los testigos citado hace unos días pasa a ser investigado en la causa.
Junto a ello, fuentes judiciales han señalado a Europa Press que la jueza está a la espera de recibir la documentación solicitada a una entidad bancaria antes de volver a fijar esta comparecencia prevista en la Ley del Jurado en la que se citan a las partes –investigados, defensas, acusaciones personadas y Fiscalía– para concretar la imputación, hacer ofrecimiento de acciones a quien pudiera requerirlo y abordar posibles diligencias, entre otras cuestiones.
El Juzgado investiga a la alcaldesa de Motril por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra un exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).
Concretamente, la jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, usó presuntamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como la responsabilidad civil fijada en sentencia, entre otros conceptos.
En su anterior auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada acordó que la causa se siga por el procedimiento del tribunal del jurado, de modo que, de haber juicio, será un jurado popular el que decida sobre este asunto.
Fue en junio de 2017 cuando la Audiencia Provincial de Granada condenó a Luisa García Chamorro, que en ese momento era vicepresidenta Primera de la Diputación y consejera delegada Visogsa, al pago de una multa de 1.080 euros como autora de un delito de injurias graves con publicidad cometido con motivo de sus declaraciones en una rueda de prensa contra un exgerente de Visogsa de la etapa socialista. También estaba obligada al pago de 5.096 euros en concepto de responsabilidad civil (por la publicación en medios de comunicación) y más de 3.000 euros por costas procesales.
Según se expone en el auto, García Chamorro ordenó presuntamente en su beneficio –el 4 y 7 de noviembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020– transferencias por valor de 4.600 euros desde la cuenta corriente del grupo municipal del PP de Motril –cuyos fondos proceden de los presupuestos del Ayuntamiento– a su cuenta personal.
La jueza sostiene que lo hizo con el presunto objetivo de “emplear estos fondos” para el pago de esta multa. También ve indicios de que pudo haber recibido del grupo del PP en la Diputación de Granada “dos pagos con un fin similar” de 4.615 euros y de 2.936 euros.
DOS INVESTIGADAS MÁS
Respecto a las otras dos investigadas mantiene la magistrada que supuestamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para que se ejecutara el pago a García Chamorro, dado que una era, en el momento de los hechos, la secretaria del grupo municipal y la otra estaba autorizada en la cuenta bancaria.
Entre las diligencias se encuentra la citación a declarar como testigo de la actual senadora del PP Inmaculada Hernández –en ese momento portavoz del PP en Diputación– para que identifique quién ordenó la expedición del cheque y de la transferencia a favor de García Chamorro, si llegó a cobrarse el importe y que comparezca aportando, si es que lo tiene, el extracto de la cuenta corriente del Grupo del PP en la Diputación.
La alcaldesa de Motril restituyó en la cuenta bancaria del grupo municipal del PP en octubre de 2021 la suma de 4.000 euros; y los dos primeros pagos del grupo popular en la Diputación de Granada fueron restituidos el 14 de octubre 2021.
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