El PSOE y sus socios en el Congreso critican por “postureo y punitivismo” la ley para castigar ataques ecologistas al patrimonio
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha debatido una toma de posición respecto a una proposición de ley del PP para reformar la Ley de Patrimonio Histórico con el fin de endurecer los ataques vandálicos a los bienes históricos, culturales y artísticos, que incluyen multas de hasta 150.000 euros.
En el debate, el Grupo Parlamentario Socialista y sus socios de Sumar, así como las formaciones catalanas, han criticado esta ley en la que los ‘populares’ recuerdan los recientes “ataques” perpetrados contra obras de arte, no solo en España sino en todo el mundo, en el que se pone en el punto de mira a determinados grupos ecologistas.
En la defensa de la propuesta, la diputada ‘popular’ Marta González, ha recordado algunas de estas actuaciones, como las del año 2022 en el museo del Louvre (París) con ‘La Gioconda’ de Leonardo da Vinci, o ese mismo año en el Prado con dos activistas de Futuro Vegetal pegados a los marcos de ‘La maja desnuda’ y de ‘La maja vestida’ de Francisco de Goya.
Para González, aunque la mayoría de estos “vándalos se quedan a centímetros del daño” para la obra de arte, el riesgo que supone es “extremo” y la normativa actual no está preparada para prevenir y sancionar muchas de estas nuevas actuaciones en contra del patrimonio histórico.
“En los últimos años se han intensificado estos ataques, con características diferentes a los de épocas anteriores, y las legislaciones de los diferentes países no están preparadas”, ha alertado, añadiendo además que puede ser un fenómeno que se “multiplique” en los próximos años y “aún puede ser más grave”.
En su propuesta, el Grupo Popular pide introducir dos nuevas infracciones específicas en el artículo 76.1 de la ley de Patrimonio Histórico para que se tipifique con “exactitud” las conductas que atenten contra los bienes protegidos.
Asimismo, en el artículo 76 de dicha ley, proponen por un lado incluir en el tercer apartado la cuantía de las multas, que oscilan entre los 60.000 hasta los 150.000 euros, y además modificar el segundo apartado para aquellos caso en los que la lesión sea valorable económicamente.
Por último, quieren que se modifique el artículo 72 de la norma y se añada una restricción de acceso a los archivos, bibliotecas y museos donde haya bienes protegidos para “reforzar la proyección y conservación”.
Isabel Pérez, diputada del Grupo Socialista, ha reconocido que esta “forma de expresar descontento” a través de obras de arte “no tiene ninguna justificación”, pero no considera “acertada” la propuesta popular porque la actual regulación “deja a las comunidades autónomas la suficiente y necesaria competencia” para evitar que el patrimonio sea vandalizado.
Asimismo, ha recordado la necesidad de proteger otros lugares históricos “en riesgo por la especulación”. “Más allá del riesgo de pegarse con pegamento al marco de un cuadro, existe el peligro real en los territorios con la especulación: entendemos la exigencia en la protección de los bienes muebles, pero no el abandono del resto del patrimonio histórico y cultural”, ha criticado.
La diputada Júlia Boada, de Sumar, también ha mostrado su rechazo a una iniciativa que “tiene como objetivo último el de criminalizar la protesta” de los activistas climáticos. A su entender, la protección del patrimonio es una función “inherente” de los museos y ya existen las medidas para sancionar los delitos de esta índole en el ordenamiento jurídico. “La protesta climática no solo es legítima, sino imprescindible para prestar atención a la comunidad”, ha apuntado.
POSTUREO Y PUNITIVISMO
Desde las formaciones catalanistas, Bildu o Podemos han coincidido en calificar esta propuesta de “postureo” que busca ejercer “la disuasión a través del punitivismo”. Así, la diputada de Podemos en el Grupo Mixto, Martina Velarde, ha defendido que el activismo climático “no es terrorismo” y que ninguna obra de arte ha sido dañada por esos mismos activistas.
Mientras el diputado de Bildu Oskar Matute pide no centrar el debate en las “formas” de los activistas -que “quizás no son demasiado estéticas”- porque lo que se está planteando son “medidas claramente punitivas”, desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha reiterado que estas formas de “protestas rupturistas” no son “invento de los activistas climáticos, sino que siempre se ha hecho servir para despertar conciencias”.
El diputado de Junts Eduard Pujol, sí ha pedido una llamada “a la civilidad” al enteder que la protesta “siempre es legítima, pero no puede ser una excusa para deteriorar el espacio público. En cualquier caso, ha criticado al PP porque entiende que esa llamada tiene que producirse “en todos los espacios públicos y también en la política, donde hay actos vándalicos”.
PNV, A FAVOR: “NO HAY QUE HACER DEMAGOGIA”
Joseba Aguirretxea, del PNV, pese a apuntar que no es el texto “más correcto”, se ha mostrado abierto al apoyo a la propuesta siempre que haya modificaciones en su trámite parlamentario. “Podemos hacer demagogias, pero esto no va del derecho a manifestarse o a la protesta: se trata de proteger bienes que son de todos”, ha indicado.
Por último, desde Vox, el diputado José Ramírez considera que pese a que el modelo vigente de legislación ha servido durante muchos años para proteger el patrimonio ha funcionado, ya no se puede “decir lo mismo” ante esta nueva “amenaza”.
“Dentro de esa carrera siniestra por destruir el patrimonio de la humanidad pudimos ver hace ya año y medio a activistas de extrema izquierda que se dedicaban a arrojar restos orgánicos, sopa de tomate o cola”, ha alertado, pidiendo como uno de los principales cambios la necesidad de dotar con la condición de agentes de la autoridad a los guardias que custodian el patrimonio.
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