MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no podrá hacer sondeos arqueológicos para investigar la posible presencia de una fosa de brigadistas en el terreno del futuro cantón de Montecarmelo por no presentar la autorización específica de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas al Ayuntamiento de Madrid.
El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad rechazó la solicitud para esas investigaciones al no contar con la autorización que se tiene que exigir para estas actividades, según el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática.
El futuro cantón de limpieza en el barrio de Montecarmelo se había convertido en un conflicto entre vecinos y Ayuntamiento durante el último año por su ubicación. No obstante, en los últimos meses también ha intervenido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que se alertara de la posible presencia de una fosa común de brigadistas de la guerra civil.
Con moitvo de esta sospecha, el Gobierno central aprobó en febrero un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la realización de sondeos arqueológicos en esta parcela.
Según la versión del Área de Urbanismo, a finales de ese mismo mes la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento de Madrid una ocupación temporal de este terreno para llevar a cabo el ‘Proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral’. Además, adjuntaron el proyecto en el que detallaban que los trabajos se extenderían durante tres semanas.
LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
En ese sentido, la administración municipal exigió a la empresa adjudicataria que en un plazo de 10 días definiera el área a la que afectarían los trabajos y entregara la autorización para llevar a cabo estas actividades que aparece en el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática.
Este artículo apunta en su primer punto que, efectivamente, es necesaria una “autorización administrativa”, además añade que el procedimiento se hará de oficio por la “Administración General del Estado”, salvo que haya normativa autonómica al aplicable por la comunidad en la que se encuentren los restos o a instancia de las entidades locales, personas ligadas a los enterrados, entidades memorialistas, asociaciones de familiares de víctimas, o quien sea que acredite un interés legítimo.
Todas estas personas deberán acompañar pruebas documentales o indicios que justifiquen su relación con las víctimas. Asimismo, previamente a la autorización tiene que haber un proceso de información pública en el que se deberá “ponderar” la oposición a esa exhumación por cualquiera de los descendientes directos de las personas que reposen en la fosa.
RECHAZO Y ESTUDIO MUNICIPAL
En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid asegura que en el plazo de 10 días no recibió dicha documentación y que tampoco lo obtuvo en una prórroga posterior por lo que “no tiene constancia de que se haya presentado dicha autorización”.
En consecuencia, el Ayuntamiento envió el miércoles una carta al Ministerio de Política Territorial rechazando la propuesta y comunicando que archivaba el proceso.
No obstante, el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó el miércoles que el Ayuntamiento sí que llevó a cabo un estudio por georradar, del que se están esperando los resultados, tras una primera investigación desarrollada en octubre en la que “se detectó que no había “ningún indicio que pudiera acreditar la existencia de ninguna fosa de brigadistas”.
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