Alerta de “la feroz oposición” que está “estropeando los progresos realizados hacia la igualdad de derechos para las personas LGBTI”
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Los actos sexuales entre personas del mismo sexo se criminalizan en un tercio del mundo, según revela el informe ‘Laws on Us’, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), que denuncia que “la feroz oposición está estropeando los progresos realizados hacia la igualdad de derechos para las personas LGBTI”.
El informe documenta los avances legales que afectan a las personas LGBTI en 193 Estados miembros de la ONU y en otras jurisdicciones entre enero de 2023 y abril de 2024.
Así, el estudio refleja que un total de 62 Estados miembros de la ONU sigue criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. En concreto, muestra que 60 lo hacen por ley, y otros dos lo hacen “de facto”. También expone que aunque tres Estados miembros de la ONU (Singapur, Mauricio y Dominica) y uno que no lo es (las Islas Cook) los han despenalizado desde principios de 2023, se han producido “retrocesos” a nivel regional.
En la misma línea, precisa que al menos 59 Estados miembros de la ONU tienen leyes, normas y reglamentos que prohíben formas de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género. Así, añade que en 19 de ellos las leyes están específicamente diseñadas para ser aplicadas en entornos educativos, y en 30 regulan específicamente los contenidos difundidos a través de los medios de comunicación.
Igualmente, el estudio refleja que al menos 59 imponen barreras legales al registro y funcionamiento de las organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas LGBTI.
En todo caso, explica que hay datos “positivos” y, en este sentido, apunta que 17 Estados permiten ahora que las personas puedan reflejar su género en sus documentos nacionales a través de procedimientos basados en la autoidentificación.
Por otro lado, añade que, desde enero de 2023, otros cinco Estados miembros de la ONU han adoptado el reconocimiento legal del género basado en el principio de la autoidentificación: Ecuador, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda y España, junto con el estado de Yucatán en México.
Además, agrega que nueve Estados miembros de la ONU cuentan actualmente con garantías a nivel nacional contra las intervenciones innecesarias y no consentidas a menores intersex; desde principios de 2023, Chile, España y jurisdicciones como el Territorio de la Capital Australiana y las Islas Baleares se han unido a la lista. Por otro lado, lamenta que durante el mismo periodo Rusia y varios estados de Estados Unidos retrocedieron con leyes que prohíben los tratamientos de afirmación del género y promueven al mismo tiempo las intervenciones en menores intersex.
35 ESTADOS MIEMBROS DE LA ONU PERMITEN EL MATRIMONIO IGUALITARIO
En cuanto al matrimonio igualitario, el informe de ILGA revela que es una realidad en 35 Estados miembros de la ONU y en Taiwán. Así, refleja que durante los últimos 16 meses Andorra, Estonia, Grecia y Eslovenia lo hicieron realidad y Nepal aprobó una orden provisional para facilitar dichas uniones. Bolivia y Letonia legalizaron las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y en Japón varias prefecturas seguían su ejemplo.
Además, añade que las parejas del mismo sexo pueden adoptar juntas a une “niñe” en 36 Estados miembros de la ONU y que una persona en una pareja del mismo sexo puede adoptar a “le hije” de su pareja en 37 Estados miembros de la ONU.
También agrega que nueve Estados miembros de la ONU prohíben las intervenciones médicas no vitales en “niñes intersex”; dos han promulgado restricciones a nivel subnacional; 17 permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación a nivel nacional; y los marcadores de género no binario en los documentos de identidad están disponibles en hasta 18 Estados miembros de la ONU.
“En una tendencia preocupante, las leyes que limitan la libertad de expresión o restringen los espacios de las organizaciones para defender los derechos de comunidades enteras se han convertido en mecanismos de criminalización cada vez más destacados”, recalca ILGA.
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