MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Seguridad y ‘número dos’ del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, acudirá este miércoles a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a la “llegada masiva de inmigrantes”, entre otras cuestiones como el contrato de mascarillas con la empresa de la trama Koldo.
El orden del día de la comparecencia, que comenzará tras finalizar el Pleno, establece que el secretario de Estado acudirá para informar, a petición del Gobierno, sobre las líneas generales del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Uno de los temas que se abordará, a propuesta del PP, versará sobre la situación de medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a “la llegada masiva de inmigrantes”, en concreto en las provincias de Alicante, Almería y Región de Murcia, según el orden del día consultado por Europa Press.
El balance oficial de Interior recoge que entre enero y mayo de 2024 han llegado 21.926 migrantes de forma irregular a España, es decir un 137% más que en el mismo periodo del año anterior. El 78% de ellos alcanzó las costas españolas a través de las Islas Canarias por vía marítima, que experimenta un aumento del 259%.
COMISIONES ILEGALES CON LAS MASCARILLAS
A propuesta del PP, Rafael Pérez también ha sido requerido para que explique los motivos por los que el Ministerio del Interior “está siendo investigado por un presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas”.
Según figura en el orden del día, el ‘número dos’ de Interior tendrá que ofrecer su versión sobre la investigación abierta en la Audiencia Nacional que “analiza el gasto de 53 millones de euros a través de los ministerios de Transportes e Interior y de las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares”.
El PP recuerda que el ‘caso Koldo’, por el que fue detenido Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, arroja una veintena de arrestos por parte de la Guardia Civil, dentro de unas diligencias en las que el propio Rafael Pérez “compareció en calidad de testigo”.
En este sentido, el PP demanda a Rafael Pérez que explique “la posible eliminación de pruebas y obstrucción en la investigación que afecta al Ministerio del Interior, y las posibles filtraciones de la investigación por parte de varios miembros de dicho Ministerio”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado ante el Pleno del Congreso que hubiera ningún chivatazo a la trama. “No ha habido ninguna ilegalidad, a diferencia de lo que ocurría con otros ministerios del Interior”, apuntó en la sesión de control del 24 de abril.
Antes, el pasado 26 de febrero, Rafael Pérez aseguró a preguntas de la prensa que “todos y cada uno de los contratos durante la pandemia y después de la pandemia se habían tramitado de acuerdo a la legalidad y las exigencias legales vigentes”, incluyendo una “doble fiscalización” por parte de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.
En la comisión de investigación del Senado, el exalto cargo del Ministerio del Interior Daniel Belmar –que estuvo al frente de la Subdirección General de Planificación– defendió que “no se ocultó nada” sobre la adjudicación del contrato de mascarillas de 3,4 millones de euros con Soluciones de Gestión, la empresa investigada por el ‘caso Koldo’.
En este sentido, este comisario jubilado detalló que la empresa cumplía los requisitos legales en un contexto de graves problemas en el suministro de mascarillas y que no hubo “ni retrasos ni problemas de calidad” con este material destinados a policías y funcionarios de prisiones.
Belmar también confirmó que fue el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, que ejerce de ‘número tres’ de Interior, quien le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión a través de Íñigo Rotaeche, uno de los investigados.
CLOACAS Y REORGANIZACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
El orden del día de la Comisión incluye otros puntos sobre las denominadas cloacas de Interior, a propuesta de ERC, por lo que Rafael Pérez será preguntado por las actuaciones que ha emprendido el Ministerio del Interior para poner fin a la conocida como ‘policía patriótica’, si bien el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado en varias ocasiones que éstas dejaron de actuar con la salida del PP del Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
El último punto del orden día se refiere, de nuevo a propuesta del PP, a los motivos para “proceder a una nueva reorganización de cuarteles de la Guardia Civil en las zonas despobladas, así como al cierre de algunas unidades, decisión que perjudica gravemente a las zonas despobladas de España”.
En una respuesta parlamentaria por escrito fechada el 22 de marzo, consultada por Europa Press, el Ejecutivo admitía que estaba estudiando “llevar a la práctica una reorganización” de la Guardia Civil para mejorar la prestación de los servicios de seguridad ciudadana y “adaptarlo a las nuevas demandas de la ciudadanía”, teniendo en cuenta las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías o el uso de vehículos más modernos.
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