PALMA, 31 (EUROPA PRESS)
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) busca dar “ejemplo” con el juicio al exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, acusado de una presunta agresión sexual, lesiones y atentado contra agente de la autoridad.
“Se tienen que acabar ya las agresiones a policías nacionales”, ha declarado ante los medios el portavoz y secretario del Sindicato Unificado de la Policía de Baleares, Manuel Pavón, a las puertas del Juzgado, acompañado del abogado que representa a la organización en el caso, Eduardo Luna.
Serra será juzgado a raíz de la denuncia de una mujer por presuntamente intentar besarla y lamerle la cara en un local de ocio de Palma, y por un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo. Los hechos se remontan a mayo de 2022.
El SUP se persona sistemáticamente en todas las agresiones a policías nacionales que les llegan, algo que consideran un gesto “importantísimo”: “Hay que dar ejemplo”, ha recalcado Pavón, subrayando que les resulta indiferente “quién sea la persona agresora”, incluido, como en este caso, un ex alto cargo del Govern balear.
En este contexto, Pavón ha demandado “un cambio legislativo” para preservar “el principio de autoridad, que desgraciadamente en este país se está perdiendo”. Además, ha sostenido que Serra miente al negar la agresión: “Hay un parte de lesiones, que es un dato objetivo, y hay testigos, o sea que él puede decir lo que quiera pero las pruebas van a demostrar, ahora en la sala, que miente”.
Por su parte, el letrado Eduardo Luna, ha confiado en lograr una sentencia condenatoria en lo que les compete, que es la agresión al policía. Luna ha valorado que la jueza del caso se retirase unas semanas antes, apuntando que “los sistemas de abstención funcionan”, aunque trayendo a colación “el tiempo que tardó en tomar la decisión” o si “pretendía esperar a si había o no conformidad”.
La encargada de juzgar el caso será la juez Juana Arbona, tras apartarse Ana María Camaselle alegando vínculos de amistad con el investigado y posibles testigos.
LA FISCALÍA PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL Y EL SUP, CINCO AÑOS
La Fiscalía pide para Serra una pena de tres años y tres meses de cárcel, así como una orden de alejamiento a 300 metros en favor de la víctima por cinco años, así como el pago de indemnizaciones de 2.360 euros para la mujer y 540 euros para el policía.
Por su parte, el agente, asistido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide cinco años de cárcel por atentado y lesiones. El sindicato ha reivindicado su “política de tolerancia cero ante las agresiones a policías” incidiendo en que atacar a un agente “no puede salir gratis”.
Cabe recordar que Serra descartó de plano un acuerdo procesal con las acusaciones, lo que hubiera implicado reconocer su culpa a cambio de obtener una rebaja en las condenas y evitar la celebración del juicio haciéndose en su lugar una breve vista. La defensa rechazó esta posibilidad puesto que niega la versión de las acusaciones.
El escrito de defensa plantea que en el momento de los hechos el acusado había consumido bebidas alcohólicas y solicita una atenuante por ello, así como otra atenuante de reparación del daño por compensaciones económicas consignadas para la denunciante.
El caso supuso su destitución del cargo que ocupaba dentro de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. La apertura de juicio oral contra Serra puso en el foco político al vicepresidente, Antoni Costa, que lo había nombrado como cargo de confianza cuando la causa ya estaba en marcha.
Costa acabó pidiendo disculpas al reconocer que se había “equivocado” al nombrarle y apeló a la presunción de inocencia, pero consideró que no era motivo suficiente para presentar su propia dimisión como le pedía la oposición
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