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El PSIB afirma que la legalización de viviendas en suelo rústico será “otro ejemplo de especulación urbanística”

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PALMA, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo PSIB-PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha señalado este viernes que con la aprobación del decreto de simplificación administrativa del Govern se legalizarán unas 30.000 casas en suelo rústico, lo que supondrá “un nuevo caso de especulación urbanística y de presión sobre los recursos de los acuíferos”.

En nota de prensa, el partido ha señalado este viernes que la nueva norma significa “una vuelta atrás de 30 años en Mallorca” debido a que, según opinan, se fomenta la desprotección del suelo rústico.

Al respecto, Cladera ha insistido en que “sorprende el doble discurso de PP y Vox, que dice una cosa para quedar bien, y después ejecuta la contraria”, en referencia a la Mesa de Diálogo Social que convocó el Ejecutivo autonómico la semana pasada en materia turística.

“El mismo Consell podrá autorizar en último término cualquier tipo de construcción, si se considera adecuada, lo que supone un auténtico despropósito ambiental”, ha subrayado. Además, Cladera asegura que la nueva normativa permitirá habilitar aparcamientos en el suelo rústico de los municipios considera que significa fomentar el uso del vehículo privado en vez del transporte público.

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Según ha declarado, los presidentes del Govern y Consell, Marga Prohens y Llorenç Galmés, respectivamente, “no pueden liderar una mesa de Diálogo Social con el llamamiento a la limitación del crecimiento e, inmediatamente después, cometer la mayor desregulación legal de la historia de Baleares”, ha mantenido. Por ello, ha afirmado que presentarán varias iniciativas en el Consell para poner de manifiesto “la insostenibilidad de las medidas de PP-Vox”.

Por último, la socialista ha lamentado la “falta de voluntad” para conformar un contrato con la concesionaria de la ITV en Mallorca, cuya gestión ha valorado como “una crónica de una privatización anunciada, por la manifiesta incapacidad de Galmés de hacer funcionar la Inspección de Mallorca en base a criterios de gestión pública”.


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