VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios Popular y Vox, los dos partidos que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han sacado adelante este viernes con la abstención de casi toda la oposición y el único voto en contra del procurador Francisco Igea, la modificación de la Ley de Sanidad Animal que abre la puerta a contratar veterinarios privados para controles sanitarios oficiales ante la falta de personal público.
Según ha reconocido en su turno a favor el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, para el ganadero que se acoja al veterinario libre será “un privilegio” dentro de la flexibilización de la norma que “como tal, en principio, tendrá que pagarlo”.
La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, ha sido defendida por PP y Vox, grupos que decidieron iniciar esta modificación a través de una Proposición de Ley que fue admitida a trámite en el pasado pleno, en concreto el miércoles 22 de mayo, después de que este cambio normativo fuera rechazado vía enmienda a la Ley de Medidas Tributarias que acompaña al Presupuesto.
“No vamos a poner jamás en duda la profesionalidad –de los veterinarios– trabajen en el sector público o en el sector privado”, ha asegurado en su turno a favor la procuradora del PP Lorena de la Fuente, que ha garantizado que “no se va a modificar ni un ápice” la Legislación ni se varía el enfoque para afrontar las epizootías, las campañas de saneamiento y las actuaciones en vigilancia epidemiológica.
“En esta línea vamos a seguir trabajando, no se va a tirar por tierra absolutamente ninguno de los avances que tanto ha costado en nuestra tierra”, ha insistido la procuradora del PP que ha situado la posibilidad de contratar veterinarios privados como “un refuerzo adicional” que posibilita la colaboración entre profesionales y ha recordado que el Código Deontológico de los veterinarios “les supone siempre la profesionalidad y la imparcialidad”.
Lorena de la Fuente ha reivindicado los buenos resultados sanitarios de la cabaña ganadera de Castilla y León que, según ha aclarado, no son fruto de la casualidad y sí fruto del “gran trabajo y del esfuerzo llevado a cabo de forma conjunta entre el sector ganadero y los servicios veterinarios oficiales y privados” .
Por su parte, Menéndez se ha remitido al anterior debate para rechazar una afirmación del procurador Francisco Igea en la que “intentó confundir”, según el de Vox, al advertir de que el cambio de esta norma no beneficiará a nadie “pero fundamentalmente no beneficiará a los ganaderos porque el resultado de las políticas implican un incremento de la prevalencia de la tuberculosis”.
“No voy a ser yo el que le indique el camino hacia esa realidad, porque ya se encargan los ciudadanos proceso electoral tras proceso electoral, de indicarle cuál es la realidad, señor Igea”, ha ironizado el de Vox.
Menéndez ha rechazado por otro lado las afirmaciones en el anterior debate del leonesista Luis Mariano Santos cuando auguró que se va a perder la profesionalidad y la independencia y ha aclarado por otro lado al PSOE que los controles van a seguir existiendo “porque los veterinarios libres están coordinados o estarán coordinados por los servicios veterinarios oficiales”.
En este sentido, ha garantizado que se seguirán haciendo “visitas de control y sin previo aviso” y ha aseverado que la gratuidad de los saneamientos va a continuar “siempre que los saneamientos se lleven a cabo por los servicios veterinarios oficiales que está prestando la Junta y a través de la empresa que tiene contratada a través de los servicios veterinarios de las ADS”.
Desde el Grupo Socialista, el procurador Juan Luis Cepa ha acusado a PP y a Vox de haber impedido el consenso en esta materia y ha asegurado que los dos partidos mayoritarios han “engañando” al Consejo Regional Agrario, donde se garantizó que este texto iba a pasar por Comisión, cuando finalmente se ha tramitado por lectura única.
Cepa ha advertido de que la modificación de la norma aprobada hoy va a derivar en “dos modelos”, como un sistema de sanidad pública y sanidad privada, ha comparado, uno para los ganaderos que acudan a la Administración con el sistema actual gratuito y otro para los que se lo puedan permitir y puedan pagar un “privilegio”.
Y el leonesista Luis Mariano Santos ha apelado a la experiencia y a lo que ocurrió con los saneamientos en la montaña leonesa y en Oseja de Sajambre para advertir de que la flexibilización es, “cuanto menos, un riego importante”. “Que hablen de privilegios nos da mucho miedo”, ha aseverado el procurador de UPL, partidario de que la garantía de la calidad esté en la esfera de lo público desde el convencimiento de que “es lo mejor para los ganaderos y lo mejor para la cabaña ganadera”.
Santos ha pedido a PP y a Vox que sigan los consejos de los veterinarios profesionales “y no privaticen el servicio”. “Amplíen la oferta de empleo público y contraten más veterinarios y, probablemente, ese sea el camino apropiado para que las cosas funcionen como mínimo, como mínimo, como mínimo, igual que hasta ahora”, ha defendido.
Finalmente, Francisco Igea ha acusado a PP y a Vox de estar defendiendo “un privilegio” que, según ha augurado, va a perjudicar a la seguridad de la cabaña ganadera de Castilla y León “y va a poner en riesgo, como lo puso, la capacidad de exportar o de movilizar el ganado”.
“Ya lo hemos vivido”, ha recordado Igea en alusión a la intervención que tuvo que hacer Ministerio de Agricultura “para frenar el absoluto disparate” que se produjo en Salamanca y que derivó en unos disturbios que acabaron en sentencia judicial y de los que la Junta “se ha ido de rositas”. “Lo van a pagar los ganaderos porque ustedes ni siquiera tienen el cuajo de, al menos, ayudarles a pagar las multas”, ha sentenciado.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL
Según han explicado los grupos proponentes, la modicación de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León tiene como objetivo garantizar la aplicación de la legislación, optimizar los controles sanitarios y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales deben ser efectuados por personal que “sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses”.
Además, se define la figura de veterinario autorizado o habilitado como el licenciado en veterinaria reconocido por la autoridad competente para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se establezcan, en consonancia con la normativa europea, algo que no se contempla en la redacción vigente hasta ahora.
Otro de los objetivos de esa esta modificación es que los profesionales veterinarios que realicen actuaciones al amparo de dicha regulación “cumplan con las exigencias de imparcialidad y de ausencia de conflicto de intereses”. El articulado de la ley modifica expresamente el artículo 3 la Ley 6/1994 que pasará a tener cinco apartados y deroga el artículo 38, ya que con el texto registrado se contempla de manera “amplia”, el régimen relativo a los órganos y personal que realizan funciones y actuaciones en materia de sanidad animal.
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