VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)
El Arzobispado de Burgos ha recalcado en un comunicado de prensa que el comisario pontificio es “a todos los efectos” el encargado de “velar” por las personas que habitan en el Monasterio de las hermanas clarisas de Belorado y ha añadido que éstas no han trasladado “necesidades económicas” que debieran ser atendidas de inmediato si bien sólo han reclamado importes económicos para pagar la seguridad privada que han asegurado que se veían obligadas a contratar.
Así lo señala el comunicado, publicado en nombre de la Comisión Gestora designada por el Comisario Pontificio y recogido por Europa Press, en el que realizan una serie de manifestaciones ante el comunicado publicado este jueves por las hermanas Clarisas de Belorado en el que, entre otras cosas, denunciaban que tienen las cuentas bancarias “bloqueadas” y pedían colaboración económica a través de las redes sociales.
En el comunicado se subraya que el comisario pontificio está considerado “a todos los efectos” representante legal de los Monasterios de Belorado (Burgos), Derio (Vizcaya) y Orduña (Álava) “en el ámbito tanto canónico como civil”, por lo que tiene el “derecho y deber” de “velar, ante todo, por las personas que habitan el monasterio, de modo particular por las hermanas mayores, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles”.
Sin embargo, han reprochado que las hermanas “han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la Comisión Gestora cumplan con el cometido para el que han sido nombrados”.
El comunicado defiende la actuación realizada por las entidades bancarias “absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente”, que han accedido a las cuentas corrientes “que ha sido posible identificar”, ya que las monjas “no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas”.
“Se está trabajando con las entidades bancarias para que no exista ningún problema de pago a quienes legítimamente tienen derecho al cobro en materia de suministros, nóminas, recibos, etcétera”, han precisado.
En cualquier caso, han recalcado que siguen a la espera de que las hermanas comuniquen a la Comisión “los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria”.
También han recordado que la comunidad de Belorado “no ha realizado la entrega de una copia de las llaves de los monasterios, como legítimamente se les requirió, manifestando de este modo su voluntad de impedir al Comisario Pontificio la realización de su cometido”.
La Comisión ha afirmado que el jueves 6 de junio, la secretaria y ecónoma de la federación de las Clarisas fue enviada por el Comisario Pontificio al Monasterio de Belorado para tomar contacto con las hermanas y “pedirles que le comunicaran sus necesidades económicas con el fin de atenderlas de modo inmediato”.
Sin embargo, aseguran que “no se le recibió, ni siquiera le dejaron hablar; se le dijo que no era bien recibida, instándole a abandonar el monasterio y llamando a la Guardia Civil”, mientras que solo dejaron acceder a una notaria, la que comunicó a la comunidad “el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas con la secretaria y ecónoma de la federación, precisamente para poder atender a todas sus necesidades”.
Sin embargo, “no han hecho uso de esta vía”, mientras que añaden que “ningún empleado de los monasterios ha acudido al arzobispado a poner ninguna queja”, mientras que “a aquellos con quienes se ha podido contactar, se les ha asegurado que se seguirá al corriente de los pagos tal y como se ha realizado hasta el momento”, si bien hasta el momento no lo han hecho.
SEGURIDAD PRIVADA.
Por otra parte, han constatado que el pasado martes 11 se envió, desde el correo electrónico del monasterio de Belorado, una comunicación en el que se decía que la Comunidad se veía “en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad” y que entendían que el Arzobispado debería asumir los costes de este servicio.
En esa misiva, resaltan, “sí se reconoce la autoridad del arzobispo, además se le cita así, arzobispo”, al tiempo que advierten de que las hermanas no precisan “qué empresa, ni en qué condiciones” van a contratar para este servicio.
“Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos”, ha expuesto la Comisión.
Además, muestran su “deseo” de que “así como han realizado la petición para contratar un servicio de seguridad privada, también comuniquen las necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad”, pues han recalcado que los organismos eclesiásticos siguen “con la mano tendida” y “en ningún caso” tienen “la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad”, aunque siguen a la espera de que la comunidad “realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo.
Finalmente, rechazan y condenan “cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio”.
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