LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)
El informe ‘Burorrepresión en la frontera sur: violencia administrativa en Canarias, Ceuta y Melilla’, realizado de forma colectiva por No Name Kitchen, El Taller-Frontera Sur Gran Canaria, Solidary Wheels No Borders For Human Rights, destaca que se han detectado prácticas arbitrarias en los citados tres territorios que “han dificultado o restringido” la libertad de movimiento de las personas solicitantes de protección internacional hacia la península.
En este marco, el informe que se ha presentado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria subraya que es “especialmente relevante la falta” de información que tiene la infancia no acompañada sobre su documentación en Canarias, Ceuta y Melilla, ya que aseguran que se “impide” que los menores sean agentes de su proceso, lo que conlleva que se encuentren “en situaciones de irregularidad” administrativa y en la calle.
Señalan que mientras en las ciudades de Ceuta y Melilla han disminuido los casos de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad sin el permiso de residencia tramitado o con esté caducado, en Gran Canaria “cada vez más menores se encuentran con esta barrera burocrática”.
Por ello, denuncian que Canarias, las ciudades autónomas y el Gobierno español “permiten que haya niños, niñas y jóvenes en situación de calle, relegándolos a la exclusión y contraviniendo” la normativa nacional, europea e internacional en materia de protección a la infancia.
Es un reflejo, indican, de que las prácticas burorrepresivas y su normalización “son un espejo” de las políticas de control migratorio y de fronteras, que “retroalimentan y perpetúan” maneras de entender las migraciones “desde el prisma del rechazo”.
En este sentido, entienden que desde las administraciones públicas se debe abordar el fenómeno de la movilidad humana desde una “perspectiva securitaria, entendiendo la migración como un problema a resolver, en vez de hacerlo desde una perspectiva de justicia social y con un enfoque de respeto de los derechos fundamentales”.
Consideran así que este es un “gran desafío pero también la oportunidad e, incluso, la condición sine qua non para construir una sociedad más plural, más diversa y más digna” para todos porque los territorios fronterizos de Canarias, Ceuta y Melilla, a pesar de sus diferencias, “comparten numerosas similitudes, siendo la principal de ellas la vulneración sistemática” de los derechos de las personas migrantes en su paso por las ciudades.
En estos espacios fronterizos la “excepcionalidad de la norma es la habitualidad”, donde el régimen, en ocasiones jurídico y otras administrativo, “permite la vulneración” de derechos a través de prácticas cotidianas realizadas por la administración, detectándose así las “prácticas burorrepresivas que se reproducen de manera similar”.
Se trata, apuntan, de prácticas que “dificultan el paso” de las personas migrantes por las ciudades, asegurando que “no son azarosas ni casuales, sino que responden a una lógica de control” sobre los cuerpos migrantes, delimitando quiénes pueden acceder o no, a determinados derechos. Esta “impunidad” que se produce en la “mayoría” de los casos, indican, “perpetúa el régimen burorrepresivo” en la frontera sur de España.
“FALTA DE INFORMACIÓN”
Constatan además la “gran falta” de información que las personas tienen sobre su proceso migratorio en particular en la isla de Gran Canaria, así como en Ceuta y Melilla. En este sentido, subrayan que la necesidad de información “es transversal a todas” las esferas de la vida y su ausencia “relega a las personas a una situación de vulnerabilidad e incertidumbre” que repercute de manera directa en sus expectativas vitales y su salud mental.
Por ello, señalan que el flujo de información de la red intramigratoria “es un arma de doble filo”, ya que por un lado es una forma de acercarse a conocer cómo han sido ciertas experiencias, lo que puede ayudar a prepararse mejor o tomar ciertas decisiones; sin embargo al mismo tiempo la información transmitida “es parcial y subjetiva” a una experiencia o se basa en falsas ideas preconcebidas.
Por otro lado, exponen que la exigencia de determinada documentación y el bloqueo de expedientes “carece de respaldo legal” y ha servido para retener a las personas en las ciudades, así como para controlar a los cuerpos migrantes.
Al respecto, matizan que la ausencia de un reglamento interno que regule los CETIs de Ceuta y Melilla genera “inseguridad jurídica” sobre la realización de determinadas prácticas en el centro, “especialmente sobre la denegación de entrada a personas marroquíes” por motivo de su nacionalidad. Esta práctica apuntan que “además de discriminatoria, es arbitraria, pues en determinados momentos sí se ha permitido la entrada de personas marroquíes al CETI”.
Añade que la “dificultad” de conocer el tiempo que se pasará en los recursos de acogida y los criterios que deben cumplirse para el traslado a la península generan “frustración y desconfianza” en las personas residentes ante la “arbitrariedad y la falta de transparencia” en la toma de decisiones a este respecto, mientras que aseguran que los servicios de traducción e interpretación en los recursos de acogida “es deficiente”.
A todo ello se suma que “no existen mecanismos efectivos” que permitan a las personas residentes en los distintos recursos (centros de menores, CETIs, macrocentros, etc.) denunciar la “discriminación, agresiones y vulneración” de sus derechos dentro de los mismos, ya que la asistencia letrada tras la entrada al territorio “no está garantizada”.
Sobre esto último señalan que parece “tener más garantías” cuando son entidades privadas las que se encargan de hacer el seguimiento de los casos, ya que se perciben “deficiencias” en la asistencia proporcionada por los turnos de oficio.
También se refieren a la “imposibilidad” que tienen las personas de origen marroquí de acceder al padrón en Ceuta y Melilla, lo que ha generado una “exclusión sistemática” de numerosas familias a derechos básicos como la educación, sanidad, prestaciones sociales y regularidad administrativa. Aunque admiten que ha mejorado la situación en el último período para el acceso a la escolarización y la sanidad de la infancia pero siguen encontrando consecuencias derivadas de la traba burocrática.
DEMANDA
Ante todo ello, demandan que la Administración Pública, así como los recursos de acogida y las entidades que trabajan en terreno, proporcionen información suficiente a las personas migrantes que se encuentren en Canarias, Ceuta o Melilla.
Consideran que la información es transversal al proceso migratorio, por lo que debe proporcionarse desde el momento de la llegada hasta la salida de los territorios fronterizos, así como abarcar todos los ámbitos que afecten a la persona.
Asimismo se refiere a la necesidad de garantizar una planificación a nivel estatal que no responda de manera exclusiva a situaciones de emergencia, previsibles en el continuo migratorio, así como dar una respuesta “sólida” que garantice los derechos de las personas migrantes y el sistema de protección a la infancia llegue a todos los menores.
Por último, abogan por la creación de equipos de calle especializados y sostenidos en el tiempo, a diferencia de las soluciones temporales y asistencialistas que se han realizado, así como asegurar la tramitación de la documentación de los y las menores de edad tuteladas por las ciudades de Ceuta, Melilla y la comunidad autónoma de Canarias, para evitar situaciones de calle causadas por la irregularidad administrativa sobrevenida cuando alcanzan la mayoría de edad, entre otros demandas.
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