MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a los fiscales de Sala que se reserven el próximo martes, día 18, para celebrar una Junta de Fiscales de Sala que sirva para fijar el criterio del Ministerio Público sobre la aplicación de la Ley de amnistía que entró en vigor esta semana.
Fuentes fiscales explicaron a Servimedia que García Ortiz ha hecho esta petición en previsión de que tengan que entrar en funcionamiento los mecanismos estatutarios, por discrepancias entre los fiscales del ‘procés’ y el criterio del fiscal general.
Los cuatro fiscales que participaron en el juicio a los líderes independentistas por el 1-O entregaron esta semana un informe de nueve páginas en el que se oponen a aplicar la Ley de amnistía al delito de malversación que afecta, entre otros, el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Estos cuatro fiscales del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, sostienen que el delito de malversación no es amnistiable porque los lideres independentistas tuvieron ánimo de lucro al desviar dinero público a la celebración del referéndum y sostienen que su actuación afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.
En el informe que le trasladaron al fiscal general advertían a García Ortiz de que una posición contraria a su análisis “deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada y, a continuación, proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)”. La previsible convocatoria de esa Junta de Fiscales de Sala tiene, en efecto, el objetivo de activar el citado artículo.
El precepto indica que “el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”.
Dado que el criterio de García Ortiz es diferente al de los fiscales del Supremo, convocará a los fiscales de Sala para escuchar su postura. La reunión puede acabar con una votación, pero es postura no es vinculante para el fiscal general, que es el superior jerárquico y pude adoptar la decisión que considere oportuna. El fiscal general puede encargar a otros fiscales la defensa de la postura acordada.
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