PALMA, 12 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Recursos Hídricos, de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, ha reducido en casi un año un 18 por ciento el número de expedientes en cola a la espera de resolución, alcanzando los 3.518 expedientes, lo que supone una reducción de 777 expedientes respecto a agosto de 2023.
Así lo ha señalado este miércoles el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en el marco de su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament para explicar los mecanismos de simplificación en las autorizaciones de recursos hídricos.
En cuanto a los tiempos de respuesta, el conseller ha subrayado que en algunos servicios han pasado de más de dos años a menos de uno, y para ciertas autorizaciones, los tiempos de respuesta se han reducido a semanas, como es el caso de autorizaciones de pozos para geotermia.
Igualmente, ha defendido que en su Conselleria resulta “vital y fundamental” la simplificación administrativa con el objetivo de evitar la “masificación burocrática”. En este sentido, ha apuntado que decrecer en trámites administrativos no significa reducir los controles o la seguridad jurídica, sino hacer que estos procesos sean más eficientes.
MEDIDAS DEL DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN
El decreto ley de simplificación administrativa, que fue convalidado por el pleno del Parlament este martes, incluye medidas que, según Lafuente, serán clave para facilitar la agilización en su departamento.
En primer lugar, el decreto permitirá agilizar la tramitación de unos 600 expedientes de actuaciones en zonas situadas a menos de 100 metros de torrentes y permitirá que sean los propios ayuntamientos los que autoricen obras con una declaración responsable.
La medida se refiere a lo que se conoce como zona de policía y permitirá que sean los ayuntamientos los que autoricen actuaciones y actividades en zonas de dominio público marítimo-terrestre, es decir playas urbanas y paseos.
Asimismo, establece que las zonas inundables se delimitarán, revisarán y actualizarán su cartografía a partir de estudios realizados por Recursos Hídricos, por otras administraciones competentes o por los promotores interesados en desarrollar proyectos en zonas que no dispongan de los estudios, que deberán ser validados por la administración hidráulica.
Lafuente ha explicado que se definieron unas zonas inundables o potencialmente inundables en base a planos geomorfológicos, entendiendo que proporcionaban suficiente seguridad hasta que se hicieran estudios definitivos. Por ello, el decreto recoge una simplificación que agilice esta definición definitiva de las zonas con riesgo de inundación.
En tercer lugar, se ha introducido un régimen excepcional para edificaciones afectadas por riesgo de inundación, de modo que se permitirá, cuando sea necesario, elevar la cota de la edificación para compensar la pérdida de edificabilidad con una mayor altura del edificio.
Además, el Decreto de simplificación elimina los artículos 4 y 5 de la Ley 19/2020 que limitaban la construcción en Áreas de Prevención de Riesgos si no estaban vinculadas a una explotación agropecuaria. “Una medida que resultaba ineficiente e injusta, ya que estas áreas no coincidían con las zonas inundables reales y, por tanto, afectaban a muchos terrenos que no deberían estar afectados”, ha indicado.
Finalmente, para dar seguridad jurídica al funcionamiento de emisarios de agua depurada al mar de aquellas infraestructuras anteriores a la Ley de Costas, se han regularizado los efectos de la autorización de vertido y se ha prorrogado la vigencia de las declaraciones de impacto vigentes. En el caso de nuevas tramitaciones de impacto por caducidad, se conservarán informes que puedan no necesitar una nueva tramitación.
Según Lafuente, la simplificación administrativa también tiene un impacto positivo en la sostenibilidad y la gestión de los recursos naturales, puesto que al agilizar los trámites y reducir la burocracia, desde la Conselleria se pueden enfocar en la implementación de políticas y prácticas que promuevan la conservación y el uso eficiente del agua.
“Con una administración más eficiente, podemos asegurar que estos recursos se manejen de manera responsable y sostenible”, ha señalado. Asimismo, ha considerado que al delegar más competencias a los ayuntamientos, se fomenta una gestión más local y contextualizada.
Con todo, el conseller del Mar y Ciclo del Agua ha expuesto que la simplificación reduce los tiempos de espera para la resolución de expedientes, disminuye la carga burocrática y fomenta una mayor transparencia y claridad en los procesos administrativos.
En el turno de preguntas, la diputada ‘popular’ Margalida Pocoví ha apuntado que la Dirección General de Recursos Hídricos hace años que es un cuello de botella y que, tras la reestructuración del departamento, se ha conseguido reducir el número de expedientes, así como el tiempo de respuesta.
Pocoví ha hecho hincapié en que el decreto es “fundamental” para agilizar la tramitación de los expedientes de Recursos Hídricos y ha valorado positivamente las medidas que incluye.
Por su parte, la diputada de Vox Idoia Ribas ha aprovechado su intervención para arremeter contra el Govern anterior, subrayando que fueron “ocho años trágicos en materia de gestión del ciclo del agua”. “Esperar dos años para tener la autorización del Govern para poder cambiar una ventana es una tomadura de pelo”, ha criticado.
En cuanto al decreto, Ribas ha celebrado las medidas adoptadas para agilizar los trámites y ha incidido en la necesidad de solventar el problema de la vivienda en Baleares, señalando que los largos plazos para conseguir licencias, también en materia de recursos hídricos, encarece las viviendas.
Así, sobre la reducción de expedientes resueltos en la Dirección General, la diputada de Vox ha considerado que “el avance es muy significativo” y ha animado al conseller a seguir apostando por reducir los trámites.
Por su parte, el diputado no adscrito Xisco Cardona ha considerado que el decreto ley “son buenas noticias” y ha criticado la gestión del anterior Govern. “Es inadmisible”, ha apostillado.
LA OPOSICIÓN CRITICA LAS MEDIDAS
La diputada del PSIB Carol Marquès ha considerado que las medidas en materia de Mar y Ciclo del Agua incluidas en el decreto “no son urgencias”. “Las políticas hidráulicas son importantes y complejas como para intentar llegar a consensos”, ha dicho, criticando que el decreto no se ha debatido. “De simplificar no simplifica nada”, ha añadido.
Igualmente, Marquès ha valorado negativamente la eliminación de la tramitación previa para actividades y construcciones en la zona de policía, subrayando que son actividades de alto impacto y que se elimina este requisito hasta en las zonas más peligrosos.
Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha mostrado su “claro desacuerdo” con el planteamiento del Govern en relación con el decreto. En cuanto a Recursos Hídricos, ha dicho que no es relevante el número de expedientes pendientes, sino el tiempo de espera.
El ecosoberanista ha señalado que el conseller explicó hace unos meses que uno de los problemas en la tramitación de expedientes era la falta de recursos humanos. “Las soluciones que ha encontrado no han sido de personal, ha sido cargarse las tareas de policía en materia de aguas o delegarlas”, ha apuntado.
En esta línea, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticado el decreto y, en concreto, que los ayuntamientos tengan que sustituir a la Dirección General de Recursos Hídricos en las autorizaciones de zonas de policía hidráulica, al considerar que no tienen las capacidades técnicas para tramitar estas autorizaciones y tienen muchos otros temas.
- Te recomendamos -
