Presuntamente las aisló de su entorno y las engañó para quedarse con sus bienes
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Barcelona ha pedido una condena de 48 años de cárcel para el ex cura David Vargas, al que acusa de estafar a siete ancianas para quedarse con su dinero, según el escrito de acusación consultado por Europa Press este martes.
También están acusados otro párroco que presuntamente le ayudó a conseguir bienes y su padre, acusado de ayudarlo a ocultar su botín, adelantó ‘El Periódico’.
Cuando Vargas era estudiante seminarista, conoció a mujeres mayores religiosas, miembros del Apostolado de la Oración, que le ayudaron costeándole la carrera sacerdotal sin contarles que había sido suspendido de sacerdocio en julio de 2011 para “seguir engañándolas y aprovecharse de ellas”.
Siguió vistiendo el hábito ante ella y fingiendo ser sacerdote en activo, y cuando murió el marido de la primera víctima se acercó más a la mujer y “comenzó a poner en marcha su maquiavélico plan” para enfrentarla con su familia y las asistentas que la cuidaban para aislarla con la intención de quedarse todos sus bienes.
En este contexto y a raíz de un conflicto con tres trabajadoras domésticas a las que despidió, Vargas presuntamente le hizo firmar unos papeles fingiendo que eran de la Agencia Tributaria y le hizo creer que las trabajadoras y su propio hijo la habían denunciado a Hacienda por tener dinero en efectivo sin declarar, y le prometió arreglarlo “sobornando tanto a la abogada de las tres trabajadoras como a ellas”.
El fiscal añade que “le hizo creer que el peligro que se cernía sobre ella era inminente” y ella, que confiaba en él como amigo y sacerdote, le entregó cuadros de pintores reconocidos valorados en millones de pesetas para solucionar la supuesta denuncia de Hacienda, para que los vendiera y consiguiera dinero para el soborno.
“PAGAR SILENCIOS”
Siguió atemorizándola y la obligó a entregarle 150.000 euros en efectivo y joyas de valor para supuestamente “pagar silencios, de empleados de la Agencia Tributaria, jueces y policías” y evitar la tramitación de la supuesta denuncia.
Una vez la mujer le dejó las llaves de casa para que se la cuidara mientras estaba en un balneario y él presuntamente entró, se llevó las joyas que le quedaban y varios objetos de valor, y bajo la amenaza de denunciarla él mismo la obligó a cambiar el testamento y otorgarle una renta vitalicia de 100.000 euros en caso de muerte.
También estafó presuntamente a la prima de la primera víctima, con quien Vargas intentó enfrentarla, y le hizo creer que la “había salvado” de una excuidadora y un hombre que le querían hacer daño, y le exigió a cambio un anillo valorado en 5.000 euros.
AISLADAS DE SU ENTORNO
A la tercera víctima la conoció mientras estudiaba en el seminario, era secretaria de la asociación Apostolado de la Oración, formada por señoras mayores, todas solteras o viudas y con las que él “dio comienzo a su plan criminal, consistente en aislarlas de sus familias más próximas y convencerlas de dejar sus bienes a la iglesia, a través suyo”.
Tres mujeres le dejaron todos sus bienes, entre ellas una “fallecida en extrañas circunstancias, a la que mandó incinerar al día siguiente de su fallecimiento, a pesar de que la misma había dispuesto ser enterrada en el panteón familiar de su domicilio”, apunta el fiscal.
El escrito de acusación destaca que con la mujer que tenía más patrimonio “puso un celo especial para apoderarse ilícitamente de todo su patrimonio”: primero la aisló de su familia convenciéndola de que la querían matar, le hizo creer que un sicario la buscaba y que él la podía proteger.
Con este engaño, la mujer “fue claudicando a todo lo que le pedía” y los dos fueron a una notaría donde ella firmó conforme pedía ser internada en una residencia, que no se comunicara a su familia ni el ingreso ni su muerte, y autorizó a Vargas para disponer de su vida en caso de incapacidad y le cedió sus bienes, y el fiscal también le acusa de estafar a la congregación de la Sagrada Familia falsificando objetos históricos.
OTROS ACUSADOS
También está acusado un carmelita vinculado a la parroquia de Santa Joaquima de Vedruna de Barcelona, que tenía llaves del archivo provincial de la congregación y se las dio a Vargas presuntamente sabiendo que las usaría para llevarse 12 libros antiguos, 171 pergaminos y otros documentos antiguos valorados en 95.700 euros.
Este segundo acusado estaba, a la vez, obligado por Vargas a pagarle 300 euros mensuales para que no desvelara “conociendo detalles personales e íntimos de la vida sexual” del carmelita, y con el dinero fingía que pagaba a un guardia urbano.
El tercer acusado es el padre de Vargas, y el fiscal cree que colaboró con él para ocultar su botín, para lo que contrató una caja fuerte en una entidad bancaria.
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