MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Vox ha registrado una proposición de ley en el Congreso para modificar el Código Penal con el fin de eximir de responsabilidad criminal a quienes actúen en legítima defensa ante “agresiones ilegítimas” o allanamientos de morada.
Según explica la formación que lidera Santiago Abascal, los ciudadanos se enfrentan a un “verdadero calvario” cuando obran en defensa de su hogar y de quienes se encuentran en su interior, y es necesario proteger “el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la seguridad”.
“De forma cada vez más frecuente, la sociedad española es testigo de un significativo número de casos, principalmente allanamientos, en los que la defensa por parte de un individuo frente a un hecho injusto es objeto de reproche por el orden jurisdiccional penal”, se lamentan.
NO ES MOMENTO PARA CALIBRAR EL MEDIO DE DEFENSA
En concreto, denuncian que, al juzgar estos casos de legítima defensa, se aplica el principio de “un supuesto exceso intensivo en el medio de defensa empleado”, algo que “resulta absolutamente incomprensible para cualquier ciudadano medio” porque el Tribunal Supremo ya determinó que en estas situaciones “no se puede exigir al agredido una exacta y serena reflexión para escoger los medios de defensa”.
Por ello, la propuesta de Vox busca “modificar la causa de justificación de la responsabilidad criminal consistente en el ejercicio de la legítima defensa”, determinando en el Código Penal un conjunto de situaciones en las que “se presuma la existencia de la racionalidad en el medio empleado exigida” y protegiendo así el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la seguridad.
En concreto, proponen reformar el artículo 20.4 del Código penal para eximir de responsabilidad criminal al que obre en legítima defensa cuando haya “falta de provocación suficiente por parte del defensor” y haya una agresión ilegítima que ponga los bienes “en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes” se produzca una “entrada indebida” en la morada o sus dependencias.
También quieren que, frente a una agresión de este tipo, se dé por hecha la necesidad racional del medio empleado “con independencia del resultado causado”, siempre que el defensor cuente con la correspondiente autorización expedida por la Administración competente.
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