MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Las organizaciones de la cadena de valor del gran consumo, que conforman la industria y la distribución, reclamaron este jueves al Gobierno la armonización en la regulación medioambiental con la Unión Europea, concretamente en lo referido a las “discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos”.
Así lo expresaron en un desayuno informativo en Madrid el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García; el presidente de la asociación del gran consumo (Aecoc), Jose María Bonmatí; la presidenta de la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), Matilde García; y el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo.
Las organizaciones advirtieron de los “altos costes y los problemas de unidad de Mercado” que generan las discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos de envases. Además, criticaron que España va a adelantar cinco años, a enero de 2025, las obligaciones de reutilización de envases, “sin tener aún la infraestructura necesaria y forzando unas inversiones millonarias que impactarán en los costes de toda la cadena”.
Bonmatí, de Aecoc, destacó durante su intervención que es “clave homogeneizar y acompasar las normativas comunitarias con las de los Estados miembros”. Sin embargo, “hay ocasiones en que esta armonización no se produce, lo que provoca un “impacto negativo para el colectivo empresarial”.
A su juicio, uno de los casos que evidencia esta falta de alineación entre la Unión Europea y el Gobierno es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases español. En ese caso, hay “discrepancias claras en dos ámbitos fundamentales, la reutilización de los envases y el marcado y etiquetado de los mismos”.
Con respecto al marcado y etiquetado de envases de alimentación y bebidas, García, de FIAB, alertó de que “el Real Decreto español establece consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases. Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio”.
Por otro lado, “mientras España no permite el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, el Reglamento europeo deja la puerta abierta a que esta información se facilite a través de un código QR”, subrayó. En su opinión, “la opción del QR permitiría mejorar la recogida separada de los envases y evitaría el elevado impacto económico y medioambiental para los sectores de envasado”.
La presidenta de Anged defendió que la Unión Europea y los Estados miembros tienen “una gran capacidad normativa que debería contribuir a la mejora de la competitividad de la Unión frente a otros mercados”. “Sin embargo, el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas”, denunció.
En último lugar, el director general de Asedas advirtió de que “el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes, los hayan vendido ellos o no, y sean del operador que sean”. “Esto implica que cada tienda tendrá que invertir entre 50.000 euros y 150.000e euros para poder adaptarse a las exigencias de la ley y en España hay, actualmente, cerca de 25.000 establecimientos en España”, lo que “con el actual modelo comercial es imposible de gestionar”.
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