MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró este viernes que espera “retomar” su agenda social “el día después” de las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, convencido de que “nadie se puede oponer” a medidas como la Ley de Familias o la prestación por crianza “de manera razonable”.
Así lo defendió en el transcurso de una entrevista en la Cadena SER Valencia, recogida por Servimedia y en la que insistió en que, tras un ciclo electoral en el que cada partido ha reivindicado “sus intereses legítimos y sus posiciones legítimas”, espera que “el día después de las elecciones europeas” sea posible “retomar esta agenda social y que refleje la mayoría parlamentaria lo que es un consenso extraordinario ya en la sociedad”.
“Son medidas como la Ley de Familias, la remuneración de los permisos parentales, la ampliación de los permisos por nacimiento, una prestación por crianza para luchar contra la pobreza infantil y nadie se puede oponer a esto de manera razonable”, sentenció, para advertir de que, “por supuesto”, ve “margen” para su aprobación pese al actual contexto político.
A este respecto, admitió que “no podría entender que ninguna fuerza se oponga a esto”, dado que estas iniciativas “buscan combatir la pobreza infantil, mejorar la protección económica y social a las familias y favorecer condiciones de bienestar para las mayorías sociales y trabajadoras”.
CESTA DE LA COMPRA
En otro orden de cosas, preguntado por el coste de la cesta de la compra y la prórroga de las medidas anticrisis, Bustinduy estimó que “no solo se deben prolongar las medidas de protección a los consumidores, sino que se deben profundizar”, teniendo en cuenta que, a su juicio, “tenemos una situación que es incomprensible”.
“Hemos visto en las protestas del sector primario, por ejemplo, cómo muchos productores están vendiendo a unos precios que no les permiten mantener su actividad y, en el otro eslabón de la cadena, en el último eslabón de la cadena, las familias ven cómo la cesta de la compra ha multiplicado su precio”, lamentó, para recordar que su gabinete envió un requerimiento a los “principales supermercados del país” con el fin de “asegurarse” de que la rebaja del IVA para los productos de primera necesidad “se está efectivamente aplicando”.
No obstante, puntualizó que sus “competencias son solo sobre el último eslabón de la cadena”, esto es, los supermercados, si bien “el problema está a lo largo de toda la cadena alimentaria”, razón por la cual, subrayó que, cuando su departamento disponga de la información de “lo que ha sucedido en los supermercados”, su “intención” es trasladarla al Observatorio de la Cadena Alimentaria.
“Allí es donde se puede tener la panorámica de todos los eslabones de la cadena para que averigüemos dónde está exactamente el problema, por qué unos costes que apenas permiten mantener la producción al sector primario, hasta el consumidor final se acaban multiplicando de esa manera”, apostilló.
En paralelo, incidió en la pertinencia de “recuperar el debate del control de precios”, convencido de que “lo que no puede ser es que las familias no puedan afrontar los costes de la alimentación”. “Además, es algo tremendamente injusto, porque son las familias de menos renta las que tienen que renunciar al derecho a una alimentación equilibrada y saludable”, criticó, consciente de que “es una cuestión democrática garantizar el acceso” a la misma.
PUBLICIDAD DE VIVIENDAS TURÍSTICAS SIN LICENCIA
Por lo que se refiere a la investigación que ha abierto sobre “potenciales” prácticas comerciales “desleales” en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian en plataformas destinadas al alquiler turístico, que serán “perseguidas”, Bustinduy afirmó que dicha actuación “parte de la constatación” de que en España “se ha normalizado la proliferación de viviendas de uso turístico que carecen de licencia para ese uso”.
“En algunas ciudades o zonas costeras se calcula que hasta el 90% de las viviendas que se alquilan para uso turístico no disponen de esa licencia”, deslizó, para indicar que es “algo que inaceptable” y que, según la ley, “si una vivienda no dispone de una licencia para el uso turístico, la publicidad y la comercialización de esa vivienda tampoco debe ser lícita”.
Tras explicar que este requerimiento de información persigue “ver hasta qué punto se trata de actuaciones sancionables”, argumentó que, “con el problema en el que se ha convertido la vivienda para las mayorías sociales y trabajadoras en España, necesitamos más regulación en este ámbito”.
“Me consta que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Turismo están trabajando en eso; a mí me parece muy bien y deberá coordinarse con las comunidades autónomas, muchas de las cuales tampoco es que hayan hecho gran cosa en esta materia teniendo muchas competencias”, ironizó.
Por último, con relación a la sanción histórica que su gabinete ha impuesto a cuatro aerolíneas de bajo coste, precisó que las mismas “todavía están en un periodo en el que pueden plantear un recurso de alzada ante el ministerio”, si bien se mostró “prudente” en cuanto a “la valoración del fondo del expediente y también de las formas del proceso”.
“Lo que sí puedo decir es que el Ministerio de Consumo tiene la obligación de defender los intereses y los derechos de las personas consumidoras y de la legislación vigente, que es lo que hemos hecho”, espetó, para hacer hincapié en que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de cabina, el equipaje no facturado “no puede ser objeto de un suplemento de precio”.
Se trata, manifestó Bustinduy, de “una sentencia que es de aplicación directa en la jurisdicción española”, por lo que su departamento, lo que está haciendo es, “dentro de la normativa y de las competencias del Ministerio de Consumo, defender los intereses de las personas consumidoras”, teniendo en cuenta, además, que los billetes de avión “no han parado de subir y han subido un 64% desde 2020”, mientras los beneficios “no de estas compañías, sino de todo el sector de las aerolíneas, también se han multiplicado”, algo que juzgó “muy lícito y perfectamente razonable” y que dijo “celebrar”, pero siempre “respetando la legislación vigente”.
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