SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha intervenido en Comisión parlamentaria para informar sobre la gestión de las subvenciones de transición energética que tramita su departamento a través de la Agencia Andaluza de la Energía, abordando la situación de los nueve programas de ayudas diseñados “íntegramente” por el Gobierno de España, líneas de ayuda suman un presupuesto global de 565 millones de euros, habiéndose admitido a trámite más de 69.000 expedientes, de los cuales 44.600 corresponden al programa de autoconsumo. De ellos, ya se han resuelto 52.400, que suponen 433,77 millones del presupuesto total consignado para ayudas, lo que representa el 77% del total.
Paradela ha detallado que ese volumen de expedientes resueltos, más de 45.800 han resultado estimatorios con un incentivo asociado de 314,38 millones de euros. Además, el presupuesto liberado procedente de desestimaciones, desistimientos y pérdidas de derecho al cobro se está volviendo a utilizar para atender nuevas solicitudes en los casos en los que es posible, como en el programa de autoconsumo, según ha explicado el consejero.
El consejero andaluz ha indicado que “gracias al esfuerzo realizado, estamos entre las comunidades autónomas que más y mejor estamos gestionando, conforme a los datos que ha hecho públicos el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) a finales de mayo, siendo la tercera región que más importe de ayudas ha resuelto estimatoriamente en el programa de autoconsumo, con más de 151 millones de euros”.
En esta línea, ha agradecido el compromiso y el trabajo realizado por el personal de la Agencia Andaluza de la Energía para tramitar todos estos incentivos. Paradela ha puesto de manifiesto las “numerosas dificultades” que la Junta “ha tenido que ir solventando como consecuencia del diseño de las bases reguladoras de las ayudas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sin contar con las comunidades y con una enorme carga burocrática con requisitos de documentación técnica muy complejos para los beneficiarios, y en especial para los ciudadanos, lo que ha impedido una tramitación ágil de los expedientes desde su inicio”.
“Hemos tenido que poner en marcha muchos programas de incentivos y muy distintos en muy poco periodo de tiempo, sin cogobernanza y sin poder anticiparnos, conociendo las diferentes líneas de ayudas que teníamos que gestionar tras su publicación en el BOE”, ha advertido.
PROGRAMA DE AUTOCONSUMO
A modo de ejemplo, el consejero ha reseñado que en el programa de autoconsumo la media de documentos técnicos que tenía que aportarse al presentar la solicitud era de entre cinco y diez, cifra que se incrementaba en la fase de justificación a los 15 o 20, lo que ha motivado que “en la práctica totalidad de comunidades el ritmo de tramitación haya sido lento”. Así, el 85% de las solicitudes ha requerido de una primera subsanación, y un 35% ha necesitado de una segunda o tercera subsanación, según ha detallado.
El titular de Energía ha expuesto las de la Junta para “superar estas dificultades”, tales como el refuerzo del personal tramitador de la Agencia; la puesta en marcha de medidas de simplificación administrativa en la medida en la que lo han permitido las bases reguladoras estatales; la automatización y robotización de procedimientos, poniendo especial énfasis en las líneas financiadas con fondos Next Generation; la elaboración de guías informativas y de talleres formativos a las empresas adheridas para minimizar las subsanaciones, o el refuerzo de la atención telefónica, con más de 28.000 llamadas atendidas y 8.500 consultas escritas respondidas solo en 2023, entre otras.
Además, la Junta, –ha resaltado el consejero–, “ha liderado el proceso de diálogo con el Ministerio con objeto de introducir medidas adicionales de simplificación administrativa en el programa de autoconsumo y agilizar así su compleja tramitación”, unas medidas de las que se podrán beneficiar todas las comunidades autónomas.
Una de ellas, operativa desde el pasado mes de abril en Andalucía, es la posibilidad de poder aplicar costes simplificados en la justificación de los expedientes de menos de 50.000 euros solicitados por ciudadanos en los subprogramas 4, 5 y 6 –que son los que concentran el mayor volumen de solicitudes presentadas–, de manera que “ya no es necesario aportar ninguna documentación justificativa relacionada con el gasto material tales como cuentas justificativas, facturas y documentos de comprobación del pago de la inversión, ha abundado Paradela”.
REDUCIR AL 35% EL TIEMPO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACIÓN
La previsión es que estas mejoras, que entraron en vigor el pasado 10 de abril, contribuyan a una reducción aproximada del 35% del tiempo de revisión de cada expediente de justificación. El 21 de mayo el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la apertura del trámite de consulta pública para la elaboración de la Orden de bases reguladoras de los nuevos incentivos para actuaciones que contribuyan a un uso eficiente de la energía en Andalucía, financiados con fondos Feder del marco 2021-2027.
VOX CRITICA LA “DISPARATADA TEORÍA DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA”
En el turno de los grupos, el parlamentario del Grupo Vox Andalucía Juan José Bosquet ha criticado las “medidas erráticas”, como el “desmantelamiento” de la central térmica de Carboneras, en Almería, una decisión “llevada a cabo por Andalucía con el fin de obedecer la doctrina ecologista impuesta por el Gobierno”, al tiempo que ha acusado a PSOE y PP de “forzar la industria del carbón basándose en la disparatada teoría europea de la emergencia climática”. “Todo ello sin disponer de un plan alternativo de viabilidad socioeconómica para estas comarcas”, ha aseverado.
Así, ha preguntado “qué ocurrió con la gestión del Fondo de Transición Justa”, cuyo objetivo es “paliar los daños producidos en su tejido productivo y compensar los costes socioeconómicos causados por la ejecución de medidas como el cierre de las centrales”. “De los 59 millones de subvenciones en gasto de capital, el que se destina directamente a las empresas afectadas por los delirios climáticos dictados por el Parlamento Europeo y respaldados por PP y PSOE”.
Sobre los planes Moves, ha advertido que el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a 2023 “ha recogido numerosas quejas de particulares y empresas, molestos por los retrasos en las concesiones y pagos de las ayudas, cuyas dilaciones ciertamente han alcanzado plazos difícilmente aceptables”. “Las expectativas no se han cumplido por falta de agilidad”, ha lamentado Bosquet.
De otro lado, el parlamentario del Grupo Socialista andaluz Enrique Gaviño, ha lamentado que los “continuos esfuerzos de simplificación” llevados a cabo por el Ejecutivo andaluz “en ningún caso van dirigidos a simplificar los trámites de reconocimientos de los derechos de los ciudadanos o las pymes, y menos aún en materia de transición energética”.
“El Gobierno andaluz no está correspondiendo ni al esfuerzo del funcionario autonómico ni a la concienciación de la ciudadanía sobre el cambio climático”, ha señalado Gaviño, toda vez que ha afeado el “negacionismo encubierto” del PP, ya que, “su falta de soluciones y lentitud para resolver subvenciones en esta materia”, provocan que “no veamos ninguna apuesta política decidida por parte del Ejecutivo autonómica para fomentar entre la población el cambio de modelo energético, el cambio de vida que supone afrontar el cambio climático”.
“Su habitual recurso es culpar al Gobierno, pero no cuela”, ha advertido, para resaltar que “la complejidad administrativa con la que se excusa no ha sido tan compleja para otras comunidades autónomas que han ido mucho más rápido, y además, esa complejidad viene marcada por la Unión Europea donde gobernáis con mayoría desde hace muchos años”.
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