MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal para el Mundial de Fútbol masculino de 2030, con tres partidos que se jugarán en Argentina, Paraguay y Uruguay, comporta “riesgos” para los derechos humanos, relacionados principalmente con los derechos laborales, la discriminación, la libertad de expresión y de reunión, la actuación policial, la privacidad y la vivienda.
Amnistía Internacional (AI) hace estas consideraciones en el informe ‘¿Se juega un partido peligroso? Riesgos de la Copa de la FIFA 2030 y 2034 en materia de derechos humanos’, que evalúa los riegos que plantean en materia de derechos humanos las candidaturas a ambos Mundiales.
Hay una única candidatura conjunta para el Mundial de 2030 (España, Marruecos y Portugal, con partidos adicionales en Argentina, Paraguay y Uruguay) y otras para el de 2034 (Arabia Saudí).
Se espera que dentro de unas semanas se presenten las candidaturas detalladas a la FIFA, incluidas estrategias de derechos humanos, que el órgano de gobierno del fútbol evaluará para confirmar a los anfitriones el próximo diciembre.
El informe de AI, difundido este jueves, indica que la FIFA debe garantizar “con rigor y transparencia” que las candidaturas a organizar los torneos de la Copa Mundial masculina de 2030 y 2034 protegen plenamente los derechos humanos y rechazar que tengan un riesgo de abusos que “empañen” el mayor acontecimiento futbolístico.
“Las cuestiones de derechos humanos que se plantean en relación con la candidatura conjunta para la Copa Mundial 2030 son importantes y deben abordarse, pero los riesgos asociados a la candidatura de Arabia Saudí para la Copa Mundial 2034 -entre ellos los que afrontan los trabajadores y trabajadoras, aficiones y periodistas- son de magnitud y gravedad totalmente distintas”, según Steve Cockburn, director de Derechos Laborales y Deporte de AI.
MUNDIAL DE 2030
Respecto al Mundial de 2030, Amnistía apunta que en Marruecos será necesario acometer considerables obras de construcción, como un nuevo estadio con capacidad para 115.000 personas, pero aún no se ha aprobado la legislación prevista para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.
En los tres países anfitriones propuestos, la población trabajadora migrante corre riesgo de explotación y de otros abusos, incluida la trata. En España y Portugal, los accidentes de trabajo superan la media de la UE. En 2023 se sometió a abusos, como “robo del salario”, a migrantes que trabajaban en la ampliación del estadio Camp Nou del FC Barcelona, según el informe.
La gran afluencia de visitantes durante el Mundial amenaza con exacerbar la grave falta de vivienda asequible en Portugal y en España, especialmente si el aumento de los alquileres para estancias cortas comporta un incremento del precio de la vivienda o desahucios de residentes permanentes.
Además, Amnistía apunta que el uso policial de fuerza excesiva, incluida la utilización de balas de goma, es “un riesgo demostrado” en los tres países, tanto en el fútbol como en otros contextos. En España y Portugal, la policía ha sido objeto de denuncias de aficiones nacionales y extranjeras.
Asimismo, el derecho a la privacidad podría verse amenazado por el uso de programas espía invasivos y vigilancia biométrica, especialmente en Marruecos y España.
La discriminación racial es un problema en los tres Estados y ha comportado actos racistas contra futbolistas negros, como Vinicius Júnior, en España; Moussa Marega, en Portugal, y Chancel Mbemba, en Marruecos. En Portugal, el 60% de las personas creen que existe racismo en el fútbol, según una encuesta realizada en 2020 a amantes del deporte.
Igualmente, Marruecos restringe la libertad de expresión por medio de la penalización de las críticas al islam, la monarquía, las instituciones del Estado, las fuerzas armadas y la integridad territorial del Estado.
Con el fin de prevenir las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2030, Amnistía considera necesario adoptar medidas para garantizar los derechos labores, combatir la discriminación, proteger el derecho a la vivienda y posibilitar la libertad de expresión.
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