MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Vox ha registrado una petición en el Congreso para promover el cese de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por “dejación de funciones en el control de los contratos públicos”, que a juicio de la formación ha resultado en “millones de euros perdidos en comisiones y suministros defectuosos” en la pandemia.
A través de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda, la formación de Santiago Abascal señala al Gobierno como actor principal de los supuestos casos de corrupción con la compra de mascarillas, y reclama el cese de Montero por entender que es la máxima responsable de la contratación del Estado en su faceta de ministra de Hacienda.
Ante esa “dejación de funciones” que atribuyen a Montero, Vox propone realizar, en coordinación con la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, una auditoría de todos los contratos de emergencia celebrados durante los Estados de Alarma, para luego remitirla al Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el grupo parlamentario plantea realizar una revisión de la efectividad de la contratación centralizada como instrumento de ahorro para el erario, de tal forma que se consiga una mejora de la eficiencia para la racionalización del sector público y la reducción de la presión fiscal.
QUE LOS DATOS DEL FONDO DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS NO SEAN RESERVADOS
En la proposición no de ley, el partido incluye una petición para eliminar el carácter reservado de los datos e informes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La creación de ese fondo se estableció mediante el artículo 2 del decreto, que en su apartado 17 establece que los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo gestor del fondo y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda el decreto tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos.
A juicio de Vox, esa cláusula ha servido “como el escudo del Gobierno” para no dar cuenta de ninguna información relativa al Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas.
Por último, la PNL pide impulsar las medidas necesarias para recuperar y fortalecer la credibilidad de las administraciones públicas en aras de proteger a los españoles de más subidas de impuestos “ante el derroche y la corrupción presente”.
- Te recomendamos -
