MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, confía en que el permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años esté retribuido a partir del 2 de agosto, cuando se cumple el plazo para su aprobación.
“Si dependiese de mi voluntad habría sucedido ya, pero confío en que suceda dentro de plazo y de manera inminente”, ha señalado este martes Bustinduy durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntado por el senador de EH Bildu Josu Estarrona sobre cuándo se va a retribuir el permiso parental de cuidados que establece la Unión Europea.
Establecer esta retribución es para el ministro una razón “de urgencia, porque es una necesidad”. “Es un mandato de sentido común reforzar la protección económica y social a las familias, garantizar las condiciones de conciliación y de corresponsabilidad y también democratizar el tiempo, que es un recurso social escaso”, ha sentenciado.
En este punto, ha recordado que su formación, Sumar, logró incluir en el acuerdo de Gobierno la remuneración de este permiso parental de cuidados. “Para Sumar es una prioridad absoluta y queremos que se materialice ya”, ha zanjado.
El responsable de Derechos Sociales ha incidido en que esta norma es “una obligación” porque se trata de “un compromiso adquirido con las instituciones europeas”, por lo que desde Sumar quieren que se respeten los plazos, es decir, que se remunere a partir del 2 de agosto.
“Queremos que se respeten esos plazos y estoy convencido de que, con el apoyo del resto de actores políticos implicados, así será”, ha puntualizado Bustinduy, al tiempo que ha reiterado su compromiso para que el permiso se retribuya dentro de los plazos establecidos.
El ministro espera que las elecciones europeas “marquen un antes y un después” y que, a partir de entonces, puedan “realmente desplegar la agenda social que da sentido a este Gobierno”.
“Eso afecta a los permisos parentales de cuidados, también a la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas, pero no solo afecta a la financiación y al cambio de modelo de las políticas de dependencia, afecta a la adopción de una prestación por crianza para combatir la pobreza infantil, afecta a la mejora del Ingreso Mínimo Vital, a la profundización de la justicia social, en definitiva a una agenda ambiciosa, concreta y tangible para redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades”, ha concluido Bustinduy.
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