La Fiscalía solicita sentar en el banquillo a la entidad como “persona jurídica penalmente responsable”
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que procese al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González y a varios excargos de la entidad por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo.
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, el fiscal Alejandro Cabaleiro también pide proceder contra el propio BBVA al considerar que “se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable”.
“Gran parte de la defensa realizada en este procedimiento ha ido dirigida a tratar de establecer que nadie en el BBVA con relevancia a efectos de las presentes contrataciones sabía que el titular real del Grupo CENYT era Villarejo, tratando con ello de establecer un ‘cortafuegos’ entre las contrataciones y aquel, en tanto funcionario público. Pese a tales negativas, la prueba documental pone de manifiesto que ello no se corresponde con la realidad”, argumenta el fiscal.
El Ministerio Público dirige su acusación igualmente contra el exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano; el exdirector de Riesgos Antonio Béjar; el exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y el empleado de la entidad Óscar Santos.
Además, también pide a la Audiencia Nacional que procese al que fuera jefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet 76.738.
LA CONTRATACIÓN CON VILLAREJO
La Fiscalía asegura que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
“El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías”, apunta.
El fiscal afirma que eso permitía a Villarejo, “entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso”.
“Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo CENYT –la empresa de Villarejo–, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal ‘anómalo e ilegal’ recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo”, añade Anticorrupción.
EL PAPEL DE FRANCISCO GONZÁLEZ
La Fiscalía añade que el propio González, “dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo”.
Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos “no puede calificarse de idóneo” porque “claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección”.
“Respecto del resto de personal, directivos y empleados, el sistema se diseña formalmente para que los mismos sean conscientes de las normas y de la obligación de respeto a las mismas, así como estableciendo la forma de actuar ante posibles incumplimientos, siempre que los mismos provengan de tal ámbito de dirección o empleados, pero sobre la existencia de un ámbito superior que impone el cumplimiento de las órdenes o decisiones cuando estás provengan de la Presidencia Ejecutiva o de la Alta Dirección, sin prever o diseñar mecanismo alguno ante la posible ejecución de actos contrarios a las normas ordenados por los mismos”, detalla el escrito.
El mismo da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según la Fiscalía, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario ‘Proyecto Trampa’.
El escrito también recoge el ‘Proyecto Summer-Fish’ –la investigación sobre el “patrimonio oculto” del empresario Fernando Martín–, el ‘Proyecto Summer-Gate’ –sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo–, el ‘Proyecto King-Prasa’, el encargo ‘Templar’ o el encargo ‘Duke’.
Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado el archivo, entre otros, para el asesor de presidencia del BBVA Juan Asúa Madariaga o para la que fuera ‘número dos’ de Seguridad del BBVA, Inés Díaz Ochagavía, accediendo a lo solicitado por su defensa, ejercida por la letrada Fátima Rodríguez, responsable del área penal de Lupicinio International Law Firm.
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