MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha destacado que la presencia de viviendas turísticas “diversifica la oferta turística, atrae a distintos tipos de viajeros y promueve la interacción cultural, mientras que la flexibilidad que ofrece beneficia a los turistas, al proporcionar alternativas de alojamiento más personalizadas”.
No obstante, también dice, en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias de diputados de Vox, que un aumento excesivo de este tipo de viviendas “puede tener efectos no deseados sobre el precio de compraventa y rentas de alquiler a través de la reducción de oferta en estos mercados”.
La regulación de los pisos turísticos es una demanda que el socio minoritario del Gobierno, Sumar, reclama desde el inicio de la legislatura. El grupo plurinacional entiende que estas viviendas favorecen subidas del precio de la vivienda que llegan incluso a expulsar a familias de los barrios.
Sobre este asunto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, planteó recientemente la creación de una plataforma estatal y única de datos para 2025 que, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, ofrecerá datos públicos y homologables con la UE sobre pisos turísticos, alquiler de temporada o alquiler de habitaciones.
QUE ACTÚEN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Gobierno recuerda en su respuesta parlamentaria, a la que ha accedido Europa Press, que el mayor margen de actuación sobre estos pisos corresponde a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. “De hecho, numerosas comunidades autónomas están en proceso o han modificado recientemente las normas aplicables a este sector”, apostilla el Ejecutivo.
Así las cosas, el Gobierno concluye que son las comunidades autónomas y las entidades locales las que deben definir aquellas zonas aptas para la comercialización de viviendas de uso turístico y viviendas de uso residencial, así como la tipología de las viviendas en que está permitida dicha comercialización.
Por otra parte, el Ejecutivo recuerda que se ha procedido a la creación de un grupo de trabajo interministerial, para explorar, en coordinación con las administraciones con competencias en esta materia, instrumentos de apoyo a las comunidades autónomas en la lucha contra la oferta que no se adapta a la normativa vigente.
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