El principal procesado enfrenta a 21 años de prisión, mientras que el otro agente acusado y tres proxenetas afrontan año y medio de cárcel
LUGO, 1 (EUROPA PRESS)
La Operación Carioca, que hace 16 años destapó una de las mayores tramas de prostitución de Galicia, amparada supuestamente por la complicidad de miembros de las fuerzas del Estado, llegará la próxima semana a la Audiencia Provincial de Lugo. Será la pieza principal, la que queda todavía por cerrar, de esta macrocausa, en la que únicamente se sentarán en el banquillo de los acusados dos agentes de la guardia civil y tres proxenetas de la más de una veintena de imputados que llegó a haber.
En concreto, la vista, que arrancará el martes 4 y se prolongará por varias semanas, tiene como principal acusado a Armando Lorenzo, que era cabo de la Guardia Civil de Lugo encargado, precisamente, de la inspección de locales de alterne, así como a su superior en el cuerpo. De la otra parte, se sentarán también los responsables de tres clubs de alterne de la ciudad.
Tal y como recoge el escrito de acusación, los procesados urdieron entre ellos una trama en la que, valiéndose del puesto de mando que ocupaba el principal acusado, emplearon sobornos, coacciones y favores sexuales para evitar sanciones, conocer de antemano inspeciones en los locales de alterne y continuar con una red de prostitución que era no solo conocida, si no presuntamente mantenida con la connivencia de los agentes implicados En conjunto, los acusados se enfrentan a una nómina de delitos que van desde agresión sexual a revelación de secretos, pasando por soborno, favorecimiento de la prostitución y omisión del deber de perseguir delitos.
Armado Lorenzo estuvo destinado entre los años 2005 y 2009 en el equipo de Mujer y Mejores de la Policía Judicial de la Comandancia de Lugo, desde donde participaba en inspecciones periódicas y controles en clubs de alterne.
En el ejercicio de esta labor, “y para satisfacer sus instintos sexuales”, utilizando su condición de agente de la Guardia Civil, dice el fiscal, “entabló relación con mujeres extranjeras que se hallaban en situación irregular en España, a las cuales se insinuaba o a las que, directamente, les solicitaba mantener relaciones sexuales, ofreciéndoles su ayuda en diferentes ámbitos y, especialmente, para la regularización de su situación irregular en España o silenciar o alterar los datos que podrían determinar la apertura de un expediente de expulsión”.
Además, continúa el Ministerio Público, aceptaba sobornos de propietarios de clubs de alterne para no denunciar irregularidades o avisarlos previamente de que iban a realizar una inspección.
El escrito de acusación recoje multitud de proposiciones sexuales a mujeres que ejercían la prostitución, bajo la promesa de regularizar su situación, amenazas e incluso una agresión sexual consumada.
Por ello, el fiscal pide para él 21 años de prisión y más de 16 de inhabilitación, por un delito continuado de solicitud sexual por funcionario público, cinco delitos de abuso sexual, un delito de agresión sexual, un delito continuado de cohecho, un delito continuado de revelación de secretos, un delito de omisión del deber de perseguir delitos, tres delitos de favorecimiento de la prostitución y un delito de extorsión en grado de tentativa.
Para el otro agente, el Ministerio Público pide un año y siete meses de prisión, así como seis años de inhabilitación, por un delito de solicitud sexual por funcionario público, un delito de abuso sexual y un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Finalmente, los tres proxenetas están acusados únicamente de sobornos, y para ellos se pide un año y medio de cárcel.
En cuanto a las penas económicas, para el principal acusado, el fiscal reclama multas por valor de unos 37.000 euros y una indemnización de 10.000 euros para la víctima de agresión sexual. Para los propietarios de clubs de alterne propone la imposición de 15.000, 10.000 y 6.000 euros de multa.
En todos los casos, se tiene en cuenta la circunstancia de dilaciones indebidas, dado que la macrocausa, abierta en Lugo por Pilar de Lara, ha sufrido constantes retrasos desde su división en distintas piezas y llega a los tribunales 16 años después de su apertura.
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