MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la Junta de Andalucía han firmado un protocolo de colaboración para reducir los tiempos en procesos judiciales como las reclamaciones por impagos a través de herramientas digitales.
Según ha comunicado este jueves la Abogacía, se trata de un protocolo “pionero” que tiene como fin “agilizar el funcionamiento del servicio público de Justicia”.
De esta forma, los consejos de abogados pondrán a disposición de los operadores jurídicos de Andalucía programas de formación y soluciones tecnológicas como el Registro de Incidencias e Impagados Judiciales (RIJ) para “reducir drásticamente los tiempos en algunos procesos como las reclamaciones de cantidad, logrando así acelerar el cobro de las ejecuciones judiciales de impagados”.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha agradecido a la Junta de Andalucía “su apuesta por la digitalización y confianza en las acciones desarrolladas por el Consejo General para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad”.
“ALARMANTES DATOS DEL ATASCO JUDICIAL”
En este sentido, ha hecho hincapié en “los alarmantes datos del atasco judicial” y “en los beneficios que ofrece el RIJ para contribuir a dar solución” amistosa y temprana a reclamaciones de impago y de ejecuciones judiciales que “se eternizaban en el tiempo y que ahora se solucionan en cuestión de días”.
Ortega ha resaltado “la importancia de sumar esfuerzos y experiencia en la prestación de una justicia más justa y eficaz, poniendo a disposición de los operadores jurídicos, soluciones tecnológicas únicas”.
Por la Junta de Andalucía, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha agradecido la colaboración para “aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para reducir los plazos en los procedimientos judiciales en Andalucía, que tiene la segunda tasa de litigiosidad más alta de España”.
Según la Abogacía, el RIJ ha logrado cobros exprés en menos de 20 días en las ejecuciones de impagados frente a los más de 40 meses de promedio, según el último dato recogido en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2023.
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