La Junta defiende que “se ha realizado conforme a la normativa y siempre bajo la máxima de salvaguardar la protección” de los menores
SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
Un matrimonio de Sevilla ha presentado una demanda civil ante el juzgado de Familia, contra una resolución emitida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad el 24 de noviembre de 2022 acordando el desamparo de sus cinco hijos menores de edad, considerando que la medida fue acometida “sin explicaciones” e incumpliendo los rigores procedimentales que pesan para decisiones administrativas de esta naturaleza.
El abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, ha explicado que aquel día, funcionarios de la Administración andaluza contactaron por teléfono con la pareja, “para que acudieran a los servicios de menores junto a sus hijos para darles una documentación respecto” a los mismos, si bien ya en dichas dependencias de la Junta, les habría sido comunicado que debían “entregar a sus hijos” para su traslado “a distintos centros de menores”, todo ello “sin explicaciones” suficientes.
La medida de retirada, según el abogado José Antonio Sires, habría sido después ampliada al hijo de dos años de edad de la hija mayor de esta pareja, o sea de su nieto.
El letrado expone que la resolución emitida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad el 24 de noviembre de 2022 acordando el desamparo de sus cinco hijos menores de edad “debió haber sido comunicada a sus progenitores de manera inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, como establece la normativa, pero ello no fue así”.
“En este caso, las actuaciones de protección que no se rigen de acuerdo a los criterios tasados y reglados, no han sido desplegadas por los servicios de menores con las garantías jurídicas exigibles y en todo caso, se han ocultando las actuaciones a los progenitores”, asevera, agregando que una vez solicitada la documentación a los servicios de protección de menores, los mismos se habrían remitido a la vía judicial para el acceso a todos los documentos.
“Ante el oscurantismo que rodea este caso, la familia ha presentado demanda civil ante el juzgado de Familia para oponerse a la resolución administrativa” de noviembre de 2022, ha dicho, señalando el abobado que no descarta “acciones penales y la práctica de determinadas diligencias de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos y del control del procedimiento administrativo llevado a cabo”.
“Este caso es similar a la rectificación administrativa llevada a cabo en agosto de 2023, de una madre a la que le fue retirada su hijo, donde se evidenciaron que la actuación de la retirada del menor del centro educativo para llevarlo a un centro de menores, sin tener conocimiento su progenitora, fue irregular y sin las garantías legales y jurídicas establecidas para este tipo de procedimientos y que respondía al reconocimiento tácito de irregularidades administrativas por parte del equipo de menores que dictó el informe que dio pie al posterior procedimiento de desamparo”, avisa el letrado.
La Consejería de Inclusión Social, de su lado, ha defendido que la retirada de los menores en cuestión “se ha realizado conforme a la normativa y siempre bajo la máxima de salvaguardar la protección e intereses” de los mismos.
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