SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)
El Gobierno regional y la Federación de Municipios de Cantabria firmarán un convenio de colaboración para la implantación del quinto contenedor o contender marrón, para la recogida de residuos orgánicos.
Así lo ha anunciado esta tarde el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media, al inicio de la reunión que ha mantenido en Torrelavega con los alcaldes para darles a conocer los planes que pretende llevar a cabo su departamento para la implantación “inmediata” de dicho depósito.
Durante el encuentro, el titular de la Consejería ha explicado a los regidores los distintos pasos y fases que se van a desarrollar desde ahora, “actuaciones que vendrán definidas en el texto de dicho convenio”, ha indicado.
En este sentido, el consejero se ha dado a conocer la inversión de más de 60 millones de euros que necesita el vertedero de Meruelo para convertirlo en una planta de tratamiento adecuado de este tipo de materiales, y que se espera estará construida en un plazo de tres o cuatro años, apunta el Ejecutivo en un comunicado de prensa.
El titular de Medio Ambiente ha recordado que, mientras se ejecutan dichas obras, su Consejería ha llegado a un acuerdo con el Principado de Asturias para trasladar a la a la planta de COGERSA, los biorresiduos que empezarán a recoger los ayuntamientos cántabros que lo soliciten, y que podrían llegar a estimarse en unas 2.000 toneladas en el primer año de puesta en marcha de este servicio.
Y teniendo en cuenta que esta cantidad irá aumentando con el paso de los años, el Gobierno de Cantabria va a destinar 300.000 euros para el transporte y tratamiento en dicha planta asturiana en 2024; 400.00 euros para 2025; 500.000 euros para 2026, y 600.000 euros para 2027.
CENSO DE EDIFICIOS CON AMIANTO
Por otro lado, Roberto Media ha mostrado su apoyo a las reclamaciones de los ayuntamientos ante el Gobierno central, sobre la obligación de elaborar un censo de edificios con amianto, según se recoge en una ley en vigor.
El consejero ha comentado que, desde el abril del año 2022, está en vigor la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular, en la que, en una disposición adicional, el Gobierno central introdujo una nueva medida que obliga a los ayuntamientos a hacer un inventario de todas instalaciones, en este caso en Cantabria, que tengan amianto.
Los alcaldes han mostrado su “preocupación” por este tema que supone asumir una nueva competencia que se ha impuesto “sin contar con ellos” ha destacado el consejero.
Por ello, se ha solicitado que se habilite, desde el Gobierno central, una serie de aportaciones que respalden las obligaciones impuestas por dicha medida, que se ha redactado “a sus espaldas”.
Por último, el consejero ha mostrado la disposición del Ejecutivo regional para “ayudar a los ayuntamientos, en especial a los más pequeños, para cumplimentar este censo obligatorio, ya que, hasta el momento, casi ningún municipio cántabro ha hecho nada al respecto”.
Se enviará fotografía y audio
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