MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha pedido al Gobierno impulsar mejoras en las condiciones del despido y que este sea restaurativo para completar la reforma laboral liderada por Yolanda Díaz en 2021.
Antes de dar comienzo un seminario en el Congreso sobre la reforma del despido organizado por la Fundación 1º de Mayo, Mari Cruz Vicente ha remarcado que el escenario actual propicia abrir el debate sobre un Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI y trabajar en una segunda fase de la reforma laboral de 2021 que mejores las condiciones del despido en España.
En su opinión, la reforma tiene que ir “mucho más allá” de la cuestión de la indemnización y centrarse en las causas que provocan ese despido, especialmente cuando este declare nulo por situaciones que no están legisladas en España. A esto se añade, ha dicho Vicente, la necesidad de estudiar el despido colectivo, para que tenga una “mayor presencia y participación” en la representación legal de las personas trabajadores.
“Estamos ante una materia muy amplia, muy extensa”, ha apuntado la representante sindical. Asimismo, ha recordado que ha sido la propia Comisión Europea, mediante el Comité Europeo de Derechos Sociales, la que ha “dado un toque” a España por no tener bien regulado el despido, al considerar que este no ofrece las suficientes garantías y que, por lo tanto, no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea Renovada.
JORNADA SOBRE EL DESPIDO EN EL CONGRESO
Por otro lado, Vicente se ha mostrado satisfecha con la celebración del seminario, ya que servirá participar e influir en el debate público sobre este asunto, que finalmente dará lugar a un libro “realizado por un grupo amplio de expertos en materia laboral” sobre el tema.
De su lado, el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, ha recordado que en el seminario participan personas del ámbito académico, sindical y de la magistratura para fijar las líneas maestras de esa reforma.
Una reforma necesaria a juicio de Lezcano, pues la reforma laboral de 2021, aunque fue “muy beneficiosa” para el impulso de contratos indefinidos “sorteó” tocar el despido. “Por tanto, era conveniente poder abordar el tema en profundidad”, ha enfatizado.
HAY QUE TRABAJAR EN LAS INDEMNIZACIONES
Esta tesis también la suscribe el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha, Antonio Bayos, quien ensalza los resultados “espectaculares” de la reforma laboral de 2021 en términos de temporalidad, pero lamenta que no se abordara el tema del despido.
Ahora, en un escenario de recuperación económica, el académico cree que, entre otros puntos, la indemnización por despido improcedente, que pasó de 45 a 33 días por año trabajado con la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012, debe incrementarse en función de circunstancias concretas, tanto relativas a la empresa y a las personas despedidas como a las especiales circunstancias del caso.
“El abuso de la contratación temporal que termina en la improcedencia del despido y el uso de la contratación a tiempo parcial con salarios relativamente bajos serían un ejemplo típico de la importancia disuasoria de la indemnización por despido improcedente”, ha explicado Bayos.
Y EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS
A su vez, el experto propone también la recuperación de los salarios de tramitación en la opción indemnizada, mientras que en el despido colectivo considera que hay que mejorar el derecho de información y consulta, mediante la negociación previa a la formalización de las situaciones de conflicto, la alteración de la denominación del llamado periodo de consultas por periodo de negociación, y la extensión del periodo de debate y negociación, antes los tiempos “muy cortos” que hoy regula la norma.
Por último, Antonio Bayos apunta que hay que fortalecer la función mediadora de la autoridad laboral, dar más protagonismo a la Inspección de Trabajo en el procedimiento de despido colectivo sobre la existencia de causa para despedir y, en caso de deslocalizaciones, establecer un compromiso de permanencia de la empresa transnacional y entender que esta no pueda despedir y que tenga devolver las ayudas públicas recibidas si traslada su producción a otros países fuera de Europa.
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