Pide que se investigue si su decisión supone una vulneración de la Convección de Viena sobre relaciones consulares
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
IU ha acusado a Israel de acometer un nuevo “ataque al pueblo palestino” y perpetrar una “injerencia” en los servicios consulares españoles con su decisión de prohibir a la legación de España en Jerusalen asistir a ciudadanos palestinos en Cisjordania.
También ha trasladado su apoyo al Gobierno de coalición y, especialmente, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por los “furibundos ataques que viene recibiendo en las últimas horas” por parte de destacados miembros del Gobierno israelí, en alusión al ministro de Exteriores, por su apoyo al reconocimiento del Estado palestino.
Todo ello después de que el Gobierno de Israel haya anunciado su decisión de “cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos” y “prohibir” que el Consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo. También acusaban a Díaz de emitir declaraciones “antisemitas” cuando usó un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino la expresión “desde el río hasta el mar”.
Mediante un comunicado de su federación en el exterior, IU ha reclamado que se investigue si esta actuación del Gobierno hebreo “viola” la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Para esta formación, la decisión de Israel es contraria al derecho humanitario internacional, dado que el país receptor de consulados debe garantizar la protección y normal funcionamiento de los mismos.
“No es admisible esta injerencia en la acción legítima de las misiones diplomáticas (…) Estamos hablando del derecho internacional humanitario más básico”, ha apuntado el responsable de la federación de exterior de IU, Luis Cortés, para añadir que esta actuación se suma ya al contexto muy grave que padece el pueblo palestino por la ofensiva de Israel en Gaza.
El dirigente de IU ha alertado de que la prohibición sobre el consulado español puede tener una “grave incidencia sobre personas que tengan doble nacionalidad” y sobre población palestina con familiares residentes en España.
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