Los investigadores sostienen que, paralelamente a este alijo, el arousano vendía cocaína “al por menor”
VIGO, 23 (EUROPA PRESS)
Los investigadores policiales vincularon los preparativos que Juan Carlos Santórum y su entorno estaban haciendo desde mediados de abril de 2020 con el alijo de cocaína transportada por el buque MV Karar (que fue interceptado el 25 de abril) y las grabaciones realizadas al arousano esos días, reflejan conversaciones sobre lanchas, combustible, distancias en el mar y cómo transportarían la droga desde el barco a tierra.
Así lo ha trasladado un testigo policial en la vista que se celebra por estos hechos (con 28 acusados, entre ellos Santórum y gente de su entorno, un exfuncionario de Aduanas y su mujer, un ciudadano colombiano, y la tripulación del barco) en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
En la sesión de este jueves, que ha comenzado 2 horas y media tarde por los problemas de acústica de la sala, se han reproducido (no sin ciertas dificultades) varias conversaciones grabadas en un coche en el que viajaban Juan Carlos Santórum y otros dos acusados, Braulio V.V., y Emilio X.R.C.
En esas conversaciones, que han tenido que ser ‘traducidas’ frase a frase por la letrada de la Administración de Justicia, los acusados tratan varios asuntos relativos, supuestamente, a la preparación de las lanchas con las que se desplazarán mar adentro para recoger la droga que trae el MV Karar, aunque no se nombra expresamente al barco.
Santórum señala cómo deberán distribuir la droga, “3,7 ó 3,8” en las lanchas, y advierte de que “van a ir cargadas hasta las orejas”; asimismo, se habla de ir a un punto a 60 millas y de la necesidad de combustible para las embarcaciones.
El testigo policial ha explicado que la Policía vinculó esas manifestaciones con la droga del Karar, que justamente transportaba 3,8 toneladas de cocaína, y que los acusados se estaban refiriendo a “cómo las iban a distribuir en las lanchas”.
OTROS PREPARATIVOS
Por otra parte, los encausados hablan igualmente de pormenores relativos a teléfonos satelitales y a sistemas de comunicación encriptados, a las características de las lanchas que supuestamente utilizarían en el alijo, o a la necesidad de tener “controladas” a las embarcaciones de los servicios de vigilancia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En otro momento, abordan la eventualidad de tener que buscar un lugar alternativo para descargar la droga en tierra, ya que sospechan que pueden estar siendo vigilados por la Policía.
En ese sentido, en una conversación del 23 de abril, Santórum se pone en alerta al detectar un vehículo, que él identifica “al cien por cien” como un coche camuflado de la Udyco. En ese momento, expone a su interlocutor que, si hubiera algún problema, quizá podrían “meter la merca” por Baiona.
VENTA “AL POR MENOR”
En otra de las conversaciones reproducidas en la sala, Santórum y sus interlocutores hablan de precios y de venta de cierta mercancía que no nombran específicamente, con frases como “véndelo más barato, pero véndelo”, “ayer le llevó 5 y hoy le llevó 4”, o del precio de “22”.
El testigo ha explicado que los acusados se estaban refiriendo a otros movimientos de drogas por paquetes de cocaína ,a razón de 22.000 euros el kilo. Asimismo, ha indicado que hablaban de tratos con otra persona, cuyo perfil encajaba con otro de los acusados, un ciudadano colombiano, René R.R., detenido en Madrid.
“Están con los preparativos del Karar, pero al mismo tiempo, venden cocaína al por menor”, ha aseverado el policía que ha declarado en la vista.
El juicio por el alijo del MV Karar se reanudará el 12 de junio próximo, momento en que continuará el interrogatorio a este mismo testigo, que todavía tiene que seguir respondiendo a preguntas de la Fiscalía, ante de someterse a las de las defensas.
El ministerio público acusa a los procesados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal (además, a uno de ellos le atribuye tenencia ilícita de armas, y al matrimonio lo acusa también del delito de blanqueo). Además de multas millonarias, pide que sean condenados a penas que oscilan entre 19 años y medio, y 13 años y medio de cárcel.
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