El acusado, para quien la Fiscalía pide casi diez años de cárcel, alega en la vista que fue ella quien lo atacó con un cuchillo
LUGO, 21 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este martes el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a su ex pareja con un cuchillo en la localidad de Burela (Lugo) en mayo de 2023 y para quien la Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de nueve años, 11 meses y 29 días como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.
La vista, en la que han prestado declaración la denunciante, el imputado y un total de siete testigos, se completará este miércoles con la práctica de la prueba pericial solicitada por la letrada de la defensa.
Protegida por un biombo de su presunto agresor, la víctima ha sido la primera persona en intervenir ante el Tribunal. Interrogada por el Ministerio Fiscal, la mujer se ha ratificado en su testimonio asegurando que la mañana del 23 de mayo de 2023 su ex pareja, con quien compartía domicilio pese a estar separados desde hacía seis meses, ingresó en el baño de la habitación donde ella se encontraba armado con un cuchillo con la intención de asesinarla.
“Lo vi por el espejo del baño y le pregunté qué hacía. Me dijo: ‘Te voy a matar’. Antes de terminar de decirlo ya intentó clavarme el cuchillo en el cuello. Intentó matarme. Su intención era matarme”, ha declarado la mujer, que se encontraba en aquella época tramitando los papeles para marcharse a vivir con la hija de ambos –entonces de tres años– fuera del país. “Él sabía que me iba a ir a Suiza con la niña, estaba informado de todo”, ha puntualizado.
“ESTABA ENSANGRENTADA”
De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación, la mujer consiguió desviar la trayectoria del cuchillo, recibiendo sin embargo cortes “en la nariz, el labio y la mano” durante el forcejeo y presentando también heridas propiciadas por “golpes, puñetazos y mordiscos” propinados presuntamente por su ex pareja.
“Escuchamos unos gritos que cada vez iban a más, salimos a la puerta y nos encontramos a la mujer. Estaba ensangrentada, venía descalza y no paraba de decir que tenía miedo de que se llevaran a la niña, que estaba en la guardería”, ha relatado ante la jueza una de las dos testigos –trabajadoras de un establecimiento situado enfrente del domicilio de la víctima– que auxiliaron a la mujer tras su huida de la vivienda y dieron aviso de lo sucedido a la policía.
Cuatro agentes de la Guardia Civil –miembros de la patrulla de seguridad ciudadana que asistieron a la víctima e integrantes del equipo que realizó la inspección ocular del domicilio incautando “un cuchillo de grandes dimensiones”– han testificado también ratificándose todos ellos en su participación en el atestado.
Citada como testigo de la acusación particular, la trabajadora del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Burela que prestó asistencia psicológica a la víctima tras lo sucedido, ha detallado durante su comparecencia que la mujer se encontraba “totalmente bloqueada” como consecuencia de la agresión, y que aunque negaba haber sufrido violencia física o psicológica con anterioridad por parte de su ex pareja, los patrones de conducta del hombre durante la relación eran “compatibles con una situación de violencia de género”.
“ELLA ME ATACÓ”
Por petición expresa de la defensa, el acusado –que ha declinado responder a preguntas de la acusación particular– ha declarado en último lugar. El hombre, marinero de profesión, ha negado estar al tanto con anterioridad al día de los hechos de los planes de su ex pareja de mudarse con la niña al extranjero.
“Yo me enteré el día anterior de que se iba a llevar a la niña. Le dije que no estaba de acuerdo y discutimos por eso. La empujé en el baño y ella fue a la cocina a coger el cuchillo. Ella me atacó y por eso me corté la mano”, ha relatado, para acto seguido asegurar que todas las lesiones presentadas por la víctima se produjeron durante “ese forcejeo”.
Con la declaración de los médicos forenses –prevista para este miércoles– el juicio quedará visto para sentencia. Además de la pena de prisión de casi diez años, de una indemnización acumulada cercana a los 11.000 euros en concepto de responsabilidad civil y de la privación de la patria potestad respecto de la hija de ambos, la Fiscalía ha solicitado que la pena de prisión sea sustituida –tras el cumplimiento de parte de esta– por la expulsión del territorio nacional del acusado, natural de Cabo Verde.
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