Afirma que es “imposible” fijar una cantidad por “unos hechos que simplemente no existen”
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha defendido ante el Tribunal de Cuentas (TCu) que “no se ha conseguido determinar la cuantía (de fondos) supuestamente desviada” por él y otros 34 excargos de la Generalitat para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern.
En su escrito de conclusiones, de este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Puigdemont reclama que sea absuelto y que la sentencia desestime íntegramente las pretensiones de la demandas presentadas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana.
“En ningún momento los escritos de conclusiones (como tampoco hicieron los de demanda) determinan la cuantía exacta de la que mi mandante se supone que es responsable, lo cual es lógico no habiéndose demostrado ni concretado en este procedimiento”, sostiene el escrito firmado por el abogado Gonzalo Boye.
Cabe recordar que la Fiscalía pide casi 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria para los 35 encausados al considerar que causaron un “menoscabo” a la Administración “real y efectivo” y “plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio”. Por su parte, Sociedad Civil Catalana solicita que tengan que pagar 5 millones de euros.
Ambas acusaciones presentaron sus conclusiones una vez que la consejera rechazó el pasado enero suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del ‘procés’, como pedía el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de encausados de su partido.
LA GENERALITAT ESTABA “INTERVENIDA” POR EL GOBIERNO
Para la defensa de Puigdemont, no existe resolución concreta del TCu, escrito de las acusaciones o prueba alguna de las practicadas que consiga “relacionar esas diversas cuantías entre sí para determinar el importe total del supuesto desvío, o su desglose por partidas”: Ni “por supuesto para relacionar dicho supuesto desvío con ninguna actuación de mi representado”.
“Y es que es imposible determinar la cuantía de unos hechos que simplemente no existen, o no podían existir estando la Generalitat intervenida por el Ministerio de Hacienda, o si existieran sería en función de las competencias y el funcionamiento ordinario y legal de la Generalitat de Cataluña, sin que se haya demostrado tampoco que ninguna cantidad fuera desviada o destinada a la organización o promoción del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017”, expone.
El líder independentista afea que se hayan presentado en el procedimiento atribuciones de responsabilidad “sin determinación alguna” concreta, sino “subsumiéndolo en un grupo compartido de responsabilidad bajo una justificación que consideramos errónea, no ajustada a Derecho y vulneradora tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los Derechos Fundamentales”.
Según defiende en su escrito, “la mayoría las presuntas irregularidades” que se le atribuyen “no son, ya desde un primer momento, susceptibles de generar un menoscabo en el caudal público”.
Argumenta que desconoce qué actuación concreta se le atribuye, indicando que los escritos de conclusiones tanto del Ministerio Público como de Sociedad Civil Catalana “siguen sin determinar la responsabilidad contable concreta a pesar de toda la prueba practicada, o precisamente en virtud de la prueba practicada, que no permite apreciar posibilidad alguna de tal determinación”.
Que se le acuse de participar y dirigir todos los proyectos requiere –añade– una “concreción mayor” que la que pueda derivar de ser entonces presidente de la Generalitat. Y ello no le convierte en “responsable automáticamente de todo lo que bajo su mando se produzca supuestamente de forma irregular”, subraya.
Puigdemont sostiene que tampoco se ha demostrado que ninguna cantidad fuera destinada a la organización o promoción del referéndum ilegal y menciona que eso mismo “lo explicó de forma clara y concisa el último responsable de las cuentas de la Generalitat en esas fechas, el ministro (Cristóbal) Montoro”.
Recuerda que el entonces titular de Hacienda afirmó el 31 de agosto de 2017, en sesión parlamentaria, que “ni un euro del presupuesto de la Generalitat ha ido destinado a financiar partidas que ya han sido declaradas inconstitucionales” y que con toda seguridad no iba a haber referéndum.
INSISTE EN SU “INMUNIDAD” COMO EURODIPUTADO
Y como ha hecho a lo largo del proceso, el expresidente catalán reitera que goza de “inmunidad” por su condición de eurodiputado y la misma “alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas”.
El líder de Junts considera que hay una vulneración del derecho fundamental al ‘non bis in idem’ –la imposibilidad de juzgar a una persona dos veces por lo mismo– relacionado con una duplicidad de instancias judiciales.
Apunta, en este sentido, a que hay abiertos dos procesos en su contra: por un lado, el del Tribunal de Cuentas y, por otro, el penal ante el Tribunal Supremo, ambos por su papel en el proceso independentista catalán. “Con idéntico objeto”, lo que “vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, y el principio de seguridad jurídica y, entre todos, el derecho a un proceso justo”, argumenta.
Puigdemont alega que el hecho de que el Supremo le declarara en rebeldía –se marchó a Bélgica después del 1-O– “no excluye en absoluto la necesidad de preservar las garantías procedimentales básicas”.
Entre los 35 encausados se encuentran, además de Puigdemont, el expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
También figuran en la lista exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal, y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
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