MADRID, 16 (Portaltic/EP)
La finalización de servicios en línea, ya sea de programas informáticos o de videojuegos, suele enfrentar a usuarios y estudios de desarrollo especialmente cuando se ha adquirido una licencia para usarlos a ellos, sin embargo, el Gobierno de Reino Unido ha matizado que estas compañías “no están obligadas a admitir versiones anteriores de sus productos”.
En algunas ocasiones, las compañías desarrolladoras de videojuegos finalizan el servicio en línea para determinados títulos antiguos, ya sea debido a problemas económicos para continuar manteniéndolos o a que su uso disminuye entre los usuarios. Tras eliminar el soporte y cerrar los servidores, los consumidores dejan de tener acceso por completo y, por tanto, no pueden disfrutar más del título, aunque lo hayan comprado.
Aunque no es el único caso, recientemente ha ocurrido con Ubisoft. Esta desarrolladora y editora cesó el servicio en línea de algunos de sus videojuegos antiguos, entre ellos, la primera entrega de The Crew, que solo podía jugarse en línea. Tras finalizar sus ventas en diciembre de 2023, cerró los servidores de dicho título el 31 de marzo de este año, y más tarde eliminó el videojuego de las bibliotecas de Ubisoft Connect, así como sus licencias de uso, sin previo aviso.
Esta acción ocasionó el descontento de los jugadores, quienes reprocharon a la desarrolladora la imposibilidad de seguir jugando a pesar de haber comprado el videojuego. Es decir, los jugadores alegaron que, en el momento de compra, se obtiene “una licencia perpetua, no una suscripción” y, por tanto, se debería de poder jugar siempre que el usuario lo desee.
PETICIÓN AL GOBIERNO BRITÁNICO DE STOP KILLING GAMES
Como consecuencia, el creador de contenido Ross Scott, conocido por su cuenta de YouTube Accursed Farms, inició una demanda contra Ubisoft por el caso de The Crew en enero de este año, con el fin de detener este tipo de prácticas de las desarrolladoras de videojuegos.
La demanda desembocó en la creación de la plataforma Stop Killing Games (Dejad de matar juegos), impulsada por el propio Scott y, que el pasado mes de abril inició una petición en el sitio web del Gobierno de Reino Unido para exigir a los editores que mantengan el funcionamiento de los videojuegos que sean vendidos como productos.
Concretamente, piden que los videojuegos se mantengan en “un estado de funcionamiento razonable cuando finalice el soporte”, así como que no sea necesaria “ninguna intervención adicional para que el juego funcione”, como un derecho legal del consumidor.
El Gobierno se ha pronunciado al respecto, y ha señalado que los consumidores “deben ser conscientes de que no existe ningún requisito en la ley del Reino Unido que obligue a las empresas y proveedores de software a admitir versiones anteriores de sus sistemas operativos, software o productos conectados”.
Así lo ha detallado el Departamento de Cultura, Medios y Deporte en respuesta a la solicitud de la plataforma Stop Killing Games, en la que también ha matizado que puede haber ocasiones en las que las empresas decidan tomar este tipo de decisiones “debido a los altos costes de funcionamiento que implica mantener servidores más antiguos para videojuegos que tiene bases de usuarios en declive”.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Reino Unido también ha detallado que las empresas de videojuegos deben someterse a las leyes y regulaciones de consumo existentes, entre las que ha señalado las Regulaciones de Protección al Consumidor contra Comercio Desleal de 2008 (CPR).
Estas normas detallan que no es legal hacer pensar a los consumidores que “un juego seguirá siendo jugable indefinidamente para ciertos sistemas, a pesar del fin del soporte físico” y, en caso de que se dé esta situación, los usuarios pueden “exigir que el juego siga siendo técnicamente factible”, por ejemplo, estando disponible sin conexión.
Pese a ello, la petición de la campaña Stop Killing Games seguirá estando vigente y recogiendo firmas hasta el 16 de octubre de 2024 y, en caso de que supere las 100.000 firmas, se considerará para su debate en el Parlamento. Actualmente, la petición ha recogido alrededor de 23.980 firmas.
Además, la organización se pondrá en contacto con un abogado para investigar posibles acciones legales, según ha declarado un representante de Stop Killing Games a GameIndustry.biz,
No obstante, se ha de tener en cuenta que, tal y como muestra Ubisoft en su página de Condiciones de Uso de los Servicios, la compañía no ofrece “garantía alguna” de que los servicios estén disponibles de manera ininterrumpida. “Por el presente, nos reservamos el derecho a suspender la totalidad o una parte de los servicios en cualquier momento”, sentencia la desarrolladora.
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