MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantendrá en la tarde de este martes un encuentro con representantes de la comunidad científica para abordar el convenio especial que permite la recuperación de periodos de prácticas como cotizados, después de que la iniciativa haya recibido algunas críticas al tener que abonar el beneficiario casi 290 euros por cada mes rescatado.
Cabe recordar que se trata de una medida voluntaria que tiene como fin otorgar el derecho a quienes realizaron becas sin remunerar la posibilidad de rescatar estos períodos para que puedan ser tenidos en cuenta para su jubilación. El máximo que se puede recuperar son cinco años y hay dos ejercicios para hacerlo.
“Quiero destacar que esto es una cuestión absolutamente excepcional”, indicó Saiz, quien apuntó que “no es casualidad que hayan sido dos presidentes socialistas” los que hayan habilitado este tipo de posibilidad. Así, recordó que en 2011, José Luis Rodríguez Zapatero ya abrió la posibilidad a cotizar las prácticas remuneradas.
“Y ha sido en 2024 cuando el presidente Sánchez ha extendido esa posibilidad a las prácticas no remuneradas. Esto es algo absolutamente excepcional”, ahondó la ministra, quien puso como ejemplo que, por ejemplo, una persona, si lo desea, puede recuperar tiempo no cotizado incluso en los años 90, cuando hasta ahora “no tenían ninguna expectativa de que esos periodos computaran” y ahora se les “da esa posibilidad”.
Saiz añadió que la medida ha sido “trabajada” en el seno del diálogo social con sindicatos y patronal: “El ministerio nunca toma decisiones de manera unilateral, nunca impone decisiones, sino que es a través de la escucha”.
Con todo, se mostró sabedora de que “existen reivindicaciones”, por lo que celebrará esa reunión con colectivos representativos de la comunidad científica, a fin de seguir trabajando.
Por último, pidió no mirar “el dedo” en lugar de “la luna” y animó a fijarse “en lo excepcional de esta buena medida” y “a seguir trabajando los próximos días escuchando a los colectivos”.
Pero no sólo la comunidad científica ha criticado la medida de Seguridad Social. Del lado de los sindicatos, por ejemplo, UGT y su organización juvenil (RUGE), destacaron que la disposición obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige a la persona becaria asumir el coste de la parte empresarial.
Además señalaron que se trata de una “discriminación adicional” con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, mientras que al resto de personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra, (incluyendo la parte empresarial).
Por ello, RUGE y UGT no entienden que “el Ministerio venda la iniciativa como algo exitoso pues, lejos de arreglar los desequilibrios generados entre el alumnado, supone una doble discriminación y una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva”.
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