PALMA, 11 (EUROPA PRESS)
El Govern ha reclamado al Ministerio de Justicia que “cumpla lo prometido” y adquiera los terrenos para que la ciudad de la Justicia anunciada en 2022 sea una realidad para que los ciudadanos de Baleares tengan unos servicios “a la altura del resto de comunidades autónomas” que garanticen la eficiencia en la gestión y la accesibilidad de funcionarios, profesionales y usuarios.
Es la reacción de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas después de que esta semana se haya conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) llama la atención en su memoria anual sobre el hecho de que el Estado no ha adquirido todavía los terrenos para construir una ciudad de Justicia en Palma, un proyecto anunciado a finales de 2022.
Pese a que el Gobierno informó en su momento de que el concurso de ideas se licitaría en la segunda mitad de 2023, “la verdad es que no se ha hecho nada”, según hace constar la memoria entregada por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, al Parlament.
Fuentes del departamento que dirige Antònia Estarellas han señalado a Europa Press que la mejora de la prestación de los servicios de justicia en Baleares “pasa por dignificar el trabajo de los funcionarios con unas instalaciones modernas, que agilicen y mejoren los servicios prestados a los ciudadanos”.
Las mismas fuentes han lamentado lo que han considerado un nuevo incumplimiento por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez hacia el archipiélago y ha advertido que dos años después de aquel anuncio “los problemas en materia de justicia en Baleares, con los juzgados colapsados, falta de espacio e infraestructuras deficientes han ido en aumento y no hay avances en ese sentido”.
Desde el Govern han insistido en que mientras la situación de la Justicia empeora año tras año, las reclamaciones por diferentes cauces se suceden, principalmente en materia de falta de instalaciones adecuadas y sistemas modernos que permitan la digitalización. También apuntan a la falta de personal y al hecho de que Baleares se haya convertido en un territorio poco atractivo para los funcionarios.
“En la agenda balear siempre está presente la reclamación de una insularidad digna para todos los funcionarios de la Administración estatal y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hecho que se agrava con la doble y triple insularidad característica de nuestra Comunidad”, apuntan insistiendo en que en todas las comisiones y foros ministeriales se aborda esta problemática.
El departamento de Estarellas avisa en todo caso que los problemas de la Justicia en Baleares van más allá y apuntan, en referencia a la memoria del TSJIB, a la falta de jueces en todos los órdenes judiciales. Faltan, insisten, juzgados, traductores y formación del personal interino.
“Las quejas del presidente del TSJIB en ese sentido están plenamente justificadas”, apuntan, por lo que han reclamado los medios necesarios y que se modernice el modelo actual pasando a tener una justicia más digital y telemática.
El Govern advierte, sin embargo, que todas las medidas de descongestión se verán “abocadas al fracaso” si no hay plantillas suficientes, extremo que pasa por la subida de la indemnización por residencia para hacer frente a los problemas derivados de la insularidad.
EN UNOS TERRENOS DE SON PARDO
En diciembre de 2022 la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el proyecto que se ubicará en unos terrenos en Son Pardo, junto a la Via de Cintura. Para ello, el Ministerio había alcanzado un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un precio de 4,7 millones de euros por 212.825 metros cuadrados de suelos urbanizables.
Sin embargo, según señala el TSJIB en el documento entregado al Parlament, según la información que le ha proporcionado el Ministerio de Justicia, “ni tan solo se han adquirido los terrenos, que continúan siendo propiedad de la Sareb”.
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